La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó las sanciones emitidas por la Casa Blanca contra la fiscal Fatou Bensouda, quien investiga posibles crímenes de guerra cometidos por el Ejército de EEUU en Afganistán.
Las medidas coercitivas de Washington «solo sirven para debilitar nuestro esfuerzo común de luchar contra la impunidad de las atrocidades en masa», dijo en un comunicado el presidente de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, O-Gon Kwon.
«Respaldamos tanto a la corte como a su personal, así como a quienes cooperan con ella en la implementación de su mandato judicial», añadió el alto funcionario.
Recordó que el tribunal con sede en La Haya «es complementario a las jurisdicciones nacionales», es decir, que no intervendría si Estados Unidos investigase los supuestos crímenes de guerra cometidos por sus tropas en Afganistán.
O-Gon Kwon hizo un llamamiento para que los 123 países que forman parte de la corte «reiteren su compromiso» con la institución judicial para que ésta «preserve su integridad sin que se vea intimidada por cualquier medida o amenaza contra la corte y sus funcionarios, su personal y sus familias».
Asimismo, anunció que la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, el órgano legislativo de la CPI, se reunirá próximamente para analizar las sanciones anunciadas por Washington.
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Unas horas antes, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció las sanciones contra Bensouda y contra el jefe de la División de Jurisdicción, Complementación y Cooperación de la Oficina de la Fiscal, Phakiso Mochochoko.
No obstante, el mandato de Bensouda termina en junio de 2021 y está previsto que la investigación de Afganistán la continúe su sucesor, el cual debe ser nombrado antes de finales de año por la Asamblea de Estados Partes de la CPI.
Bensouda y Mochochoko han sido incluidos en una lista del Departamento del Tesoro llamada «Nacionales Especialmente Designados» (SDN, por sus siglas en inglés) y que Washington utiliza habitualmente para sancionar a terroristas y narcotraficantes.
Con las nuevas medidas, quedan bloqueados los bienes que Bensouda, originaria de Gambia, y Mochochoko, nacido en Lesoto, puedan tener bajo control estadounidense y a partir de ahora no podrán hacer transacciones con ciudadanos de esa nación.
En abril de 2019, el Departamento de Estado anunció que había revocado el visado a Bensouda para que no pudiera entrar en el país y en junio el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autorizaba sanciones contra los funcionarios de la CPI que investigasen a tropas estadounidenses o de sus aliados.
«Hoy -anunció Pompeo- tomamos el siguiente paso porque la CPI continúa dirigiéndose contra los estadounidenses, tristemente».
Además, el secretario de Estado usó el mismo tono que ha empleado con enemigos de Washington para lanzar una dura advertencia contra quienes respalden a Bensouda y Mochochoko: «Los individuos y entidades que continúen dando apoyo material a esos individuos se arriesgan también a ser sancionados», avisó.
EFE
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