La Comisión Nacional de Derechos Humanos india (NHRC) pidió cuentas este jueves 26 de diciembre, a la Policía del estado norteño de Uttar Pradesh por su actuación durante las protestas contra una enmienda legal que da la nacionalidad a inmigrantes de países vecinos pero excluye a los musulmanes.
EFE
La NHRC ha pedido al director general de Policía de Uttar Pradesh, O.P. Singh, un informe en cuatro semanas tras recibir informes sobre «violaciones a los derechos humanos por las autoridades estatales», informó la agencia local ANI.
En el origen de las protestas, en las que han muerto al menos 21 personas en su mayor parte en Uttar Pradesh, está la polémica enmienda a la Ley de Ciudadanía aprobada hace hoy dos semanas por el Parlamento indio.
El texto busca regularizar a los inmigrantes indocumentados procedentes de Afganistán, Pakistán y Bangladesh pertenecientes a las religiones hindú, sij, budista, jain, parsi y cristiana y que lleven más de cinco años viviendo en la India.
La enmienda ha disparado las alarmas junto con la intención declarada del Gobierno de llevar a cabo un Registro Nacional de Ciudadanos, similar al censo que excluyó a casi dos millones de personas el pasado agosto en el estado nororiental de Assam.
A la petición de la comisión estatal se unió este miércoles un llamada similar de la líder del partido Bahujan Samaj Party (BSP), Mayawati, de la comunidad «dalit» o intocable y jefa de Gobierno de Uttar Pradesh en cuatro ocasiones.
«Lo mejor sería que el Gobierno lleve a cabo una investigación adecuada sobre la mayoría de las muertes en Uttar Pradesh en la violencia tras (las protestas) contra la Ley de Ciudadanía y el Registro Nacional de Ciudadanos y ayude a aquellos que son inocentes», dijo la política en Twitter.
Sin embargo, el actual jefe de Gobierno de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ha prometido hacer pagar los destrozos causados por las protestas en ocasiones violentas a los causantes de los enfrentamientos.
De acuerdo con el periódico local Indian Express, la administración del distrito de Rampur ha emitido avisos a 28 personas en la que se pide que expliquen por qué no deberían pagar daños materiales que ascienden a 1.480.000 rupias (unos 18.000 euros).
El partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro, Narendra Modi, ha defendido que la enmienda legal es necesaria para dar refugio a las minorías religiosas perseguidas en países vecinos.
Sus críticos denuncian que el texto es contrario a los principios laicos del país y que, junto al Registro Nacional de Ciudadanos, es un ataque a la minoría musulmana del país, compuesta por unos 200 millones de personas.
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