Una comisión del Congreso de Perú aprobó este jueves una moción para inhabilitar a ejercer cargos públicos por 10 años al popular expresidente Martín Vizcarra por su presunta vacunación irregular contra el covid-19, una decisión que será ratificada probablemente por el pleno de la asamblea.
AFP
El mismo Congreso que lo destituyó en un juicio político relámpago en noviembre debe decidir antes de las elecciones generales del domingo la suerte de Vizcarra, quien mantuvo niveles récord de popularidad en sus 30 meses de gobierno y compite por un escaño parlamentario.
La sesión plenaria del Congreso podría realizarse este viernes o el sábado. Se necesitan unos 80 votos para sacar de carrera a Vizcarra, una cifra que se da por descontado que se alcanzará.
La comisión permanente del Congreso aprobó la acusación de inhabilitación por 26 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
«Ha sido aprobada la acusación» contra Vizcarra, dijo la jefa del Congreso, la oficialista Mirtha Vásquez, tras la votación.
La comisión también aprobó la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dos exministras del actual presidente interino Francisco Sagasti, Pilar Mazzetti (Salud, ocho años) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores, un año).
La jefa del Congreso, la oficialista Mirtha Vásquez, presidió la sesión de la comisión permanente, en la que el legislador Alí Mamani expuso el caso contra Vizcarra, al que se acusa de haberse vacunado de forma irregular, con su esposa y su hermano, semanas antes de ser destituido.
«Una venganza política»
«El fondo de esta acusación es una venganza, es una persecución política. El tema legal es solo un pretexto para tratar de sacar a un contrincante en una lid electoral», dijo Vizcarra durante su alegato para evitar la sanción.
«Dejen que el pueblo decida (…) Iremos a las instancias que correspondan para defendernos, tenemos el derecho constitucional de postular y ser elegido», agregó el expresidente.
Una subcomisión del Congreso se pronunció la semana pasada a favor de inhabilitar al exmandatario, propuesta que debía ser ratificada o desestimada por la comisión permanente antes de seguir su trámite parlamentario.
Vizcarra ha admitido que recibió dos dosis de la vacuna china de Sinopharm antes de que ésta fuera aprobada en diciembre por las autoridades sanitarias, pero niega haberlo hecho de forma irregular. El expresidente afirmó que él, su esposa y su hermano fueron voluntarios del ensayo clínico.
Sin embargo, esas declaraciones fueron desmentidas por el jefe del ensayo clínico, el doctor Germán Málaga, quien también enfrenta cuestionamientos y fue destituido de su cargo.
Las dos ministras renunciaron en febrero tras conocerse que integraban un selecto grupo de 470 personas que se habían vacunado de forma irregular. Entre ellos hay funcionarios, diplomáticos, empresarios, familiares del doctor Málaga y el nuncio del Vaticano.
La Fiscalía abrió en febrero un expediente a Vizcarra y otras personas por el caso de las vacunas.
Además, Vizcarra enfrenta una investigación por supuesta corrupción cuando era gobernador de la región sureña de Moguegua, de 2011 a 2014.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva contra él, pero la justicia consideró «infundado» el pedido, aunque le prohibió salir de Lima sin autorización y le impuso una caución de 27.000 dólares.
El expresidente (2018-2020) insiste en su inocencia frente a las acusaciones de corrupción.
Por este caso, el Congreso lo destituyó el 9 de noviembre en un juicio político relámpago, que desató violentas protestas con saldo de dos muertos y un centenar de heridos. En el lapso de cinco días, Perú tuvo tres presidentes en medio de los embates de la pandemia.
Los peruanos acudirán a las urnas el domingo a elegir un nuevo presidente que deberá encarar la emergencia sanitaria, la crisis política y la recesión económica, en una reñida contienda entre 18 candidatos, sin ningún favorito destacado.
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