Desde ayer, martes 23 de marzo, los padres de familia podrán educar, criar y corregir a sus hijos, pero teniendo en cuenta que ahora, en este proceso de formación, habrá un limitante: “el uso del castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia”. Esto se debe a que el Senado de la República aprobó en último debate la iniciativa que prohíbe los castigos físicos en contra de los menores de edad.
Este proyecto comenzó por la iniciativa de de los Representantes a la Cámara, del Partido Liberal, Julián Peinado y Harry González, el cual buscaba la prohibición de cualquier castigo físico contra los niños, niñas y adolescentes de Colombia.
De acuerdo con el documento presentado para la aprobación del proyecto, este dice que: “la prohibición se extiende a cualquier otra persona encargada de su cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la adolescencia”.
Lo que si se viene, es que, se hará un cambio en el artículo 262 del código civil para que quede de la siguiente manera: “Las familias, los padres, las personas encargadas del cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes o quienes tengan su representación legal, tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos. Queda prohibido el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección, sanción o disciplina”.
Aunque esto se encuentre en el código civil no significa que el padre o el tutor legal vaya a ser castigado. La iniciativa pretende que el castigo físico y los tratos crueles o humillantes “no serán causal de pérdida de la patria potestad o de la custodia, ni causal para procesos de emancipación”.
Pero hay que tener en cuenta que, este cambio al código civil, solo se seguirá al piel de la letra si dichos actos no son reiterativos y “no afecta la salud mental y física” del menor de edad, es decir, que en el momento que haya un caso de violencia severa, esta medida no será tomada en cuenta.
Por otro lado, los representantes del Partido Liberal pretenden que hay una trabajo unificado entre los padres de familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el estado para crear una estrategia nacional pedagógica para que se busque la eliminación de los castigos y, que el enfoque de esta estrategia, apunte a que se promuevan alternativas y prácticas para la educación y castigos sin violencia.
El documento original presentado por González y Peinado frente a la Comisión Primera del Senado no tuvo casi cambios. A este solo se adicionó dos ítems propuestos por el senador Juan Luis Guerra y otra de la senadora Paloma Valencia, quienes añadieron que se pedía que los menores de edad víctimas de los castigos físicos recibieran terapia psicológica y que se diera la creación de una consejería para la niñez.
Esta propuesta pasó por varias revisiones dentro del Congreso. Esto se dio debido a las múltiples interrogantes que presentaban algunos miembros del senado sobre su articulado y por posibles malinterpretaciones que podrían ser problemáticas.
Esto causó que, en medio de las votaciones, el senador John Milton Rodríguez, del Partido Colombia Justase, se retirara junto con los demás miembros de su partido bajo el argumento de que no les habían dado las plenas garantías ya que esto vulneraba la libertad que tiene las familias para educar a sus hijos. Al irse los miembros de este partido político cristiano, la ponencia de la senadora Paloma Valencia y el voto mayoritario fueron los causales de que a este proyecto se le diera luz verde.
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