La consejera para los Derechos Humanos de Colombia, Nancy Patricia Gutiérrez, ha enfatizado este martes que no son un país violador de las libertades, pro sí cuenta con un «contexto diferente», después del encuentro de la plana mayor del Gobierno con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se ha desplazado hasta allí para investigar las denuncias por la represión del Estado en las protestas que desde hace un mes se vienen celebrando y que ha dejado ya casi 50 muertos y centenares de heridos.
«Colombia no es un país violador de Derechos Humanos», ha dicho Gutiérrez a los medios para comentar brevemente una reunión que ha contado con la presencia del presidente, Iván Duque, la vicepresidenta y ministra de Exteriores, Marta Lucía Ramírez, y la delegación de la CIDH, formada por su presidenta, Antonia Urrejola, y los secretarios ejecutivos Camina Koch, Maximiliano Duarte y María Claudia Pulido.
Gutiérrez, hasta el momento el único funcionario público que ha trasladado a los medios de comunicación algunos de los puntos que se han abordado en esta reunión, ha contado que han hecho saber a la CIDH «la importancia de conocer el contexto de Colombia», diferente, ha dicho, al de otros países de su entorno.
A su vez ha explicado que les han informado del funcionamiento de las instituciones y les han trasladado el compromiso del Gobierno y de los organismos de control estatales para garantizar la protección de los Derechos Humanos.
Horas antes, la CIDH ha mantenido encuentros de manera independiente con representantes de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría, así como con la vicepresidenta Ramírez, quien les ha transmitido que Colombia ha sufrido «un asedio de unos grupos minoritarios que se han aprovechado de la protesta válida de muchos jóvenes para generar desconcierto, caos y destrucción».
Desde la oposición han pedido al Gobierno que deje trabajar a la CIDH, pues el organismo «lleva 24 horas escuchando las versiones oficiales sobre la protesta social». El senador por Colombia Humana, Roy Barreras, ha lamentado que las autoridades «manejen la agenda», mientras que la sociedad civil «sigue esperando».
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