Las autoridades de Colombia capturaron a ocho presuntos rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acusados de participar en un ataque con un carro bomba contra una academia policial que dejó 22 cadetes muertos y frenó un posible diálogo de paz entre el Gobierno y esa guerrilla, informaron el jueves funcionarios.
La explosión, ocurrida en enero de 2019 en el centro de formación de oficiales de la Policía Nacional, en el sur de Bogotá, fue el peor ataque de esas características en varios años en la capital colombiana y llevó al presidente Iván Duque a descartar la posibilidad de comenzar una negociación de paz con el ELN.
“Se logró la captura de ocho personas que participaron en la financiación, planeación y ejecución del atentado ocurrido el 17 de enero de 2019, al tiempo que se impactó el patrimonio ilícito que abastecía de recursos al ELN para realizar ataques”, dijo en una declaración el fiscal general, Francisco Barbosa.
Las capturas se produjeron en las ciudades de Bogotá, Zipaquirá, Manizales y la población de La Esmeralda, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. Las autoridades confiscaron inmuebles y vehículos.
Los capturados, acusados de homicidio y terrorismo, se enfrentan a penas de entre 40 y 50 años de cárcel, precisó el fiscal.
Previamente, las autoridades habían capturado a otras cinco personas acusadas de pertenecer al ELN y de participar en el ataque, que también dejó 89 personas heridas.
Duque se niega a iniciar conversaciones con la guerrilla fundada en 1964 hasta que suspenda los secuestros, el reclutamiento de menores, la siembra de minas antipersonales, libere a las personas que mantienen secuestradas y pare los ataques contra la infraestructura económica del país.
No obstante, el ELN, conformado por más de 2.000 combatientes y considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, se niega a cumplir las exigencias del Gobierno.
“Nosotros una vez más le enviamos un mensaje contundente a los terroristas: vamos a seguirlos enfrentando, vamos a seguirlos desarticulando (…) el que la hace la paga y la van a pagar muy caro”, sentenció Duque.
El grupo rebelde, acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, ha fracasado en la búsqueda de un acuerdo de paz con otros gobiernos para acabar con una confrontación que ha dejado 260.000 muertos, debido a sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.
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