El comité cívico de Santa Cruz, la mayor región boliviana, iniciará el trámite en pos de revocar el mandato del presidente del país, Luis Arce, al no haber logrado respuesta del Gobierno nacional al pedido de una amnistía para los «presos políticos» por la crisis de 2019.
EFE
El próximo lunes, el presidente electo del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach, viajará a La Paz para solicitar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) «los requisitos para iniciar el proceso revocatorio», dijo a los medios este miércoles Rómulo Calvo, titular saliente de la organización cívica cruceña.
Calvo indicó que el pasado 14 de febrero dejó una carta en la casa de Gobierno en La Paz dirigida al presidente Arce, en la que le recordó que los cabildos ciudadanos celebrados el mes pasado en las principales urbes bolivianas pidieron al Ejecutivo una «amnistía general e irrestricta» para los presos, «perseguidos y procesados» por los sucesos de 2019.
En su carta, el líder cívico señala que la amnistía es «una instancia de derecho político y humanitario» presente en la Constitución boliviana «para olvidar hechos políticos de gobernantes y gobernados, restablecer la confianza y paz pública y la seguridad en el Gobierno que allane el camino» para un «diálogo nacional» en el que se puedan resolver las «diferencias» y diseñar políticas públicas «que reencaucen la democracia representativa».
«Espero que la solicitud de cientos de miles de ciudadanos expresada en los cabildos sea escuchada por su autoridad», agrega la nota.
Como hasta el momento no ha habido respuesta del Gobierno nacional, Larach estará «a primera hora» del lunes en la sede del TSE para pedir los requisitos para revocar el mandato de Arce, insistió Calvo.
«Es un mandato del cabildo el cual como representantes cívicos tenemos que cumplir», justificó.
El llamado cabildo nacional del pasado 25 de enero dio un plazo de 30 días al Gobierno de Arce para dictar la amnistía para los más de «180 presos políticos» en Bolivia.
En su momento, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que el Gobierno boliviano «no decreta amnistías» para personas que han cometido «graves vulneraciones a los derechos humanos» y que el cabildo nacional no tiene validez legal porque no tiene autorización ni acompañamiento del TSE.
Entre los «presos políticos» por la crisis de 2019 está la expresidenta interina Jeanine Áñez, encarcelada desde 2021 y sentenciada a 10 años de prisión por la forma en que se situó en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y de otras autoridades.
También está encarcelado desde diciembre el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por su supuesta responsabilidad en esa crisis que para el oficialismo fue un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que la oposición sostiene que su renuncia fue consecuencia de las denuncias de fraude a su favor en los fallidos comicios de 2019.
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