La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de El Salvador por darse sin «derecho de defensa y debido proceso».
EFE
El organismo señaló en un comunicado que la destitución, impulsada por el oficialismo, no cumplió con «las normas constitucionales que regulan el procedimiento y los estándares interamericanos para la remoción de operadores de justicia».
«La CIDH insta a El Salvador a respetar al Estado Democrático de Derecho y anuncia que, en respuesta a estos graves hechos, decidió instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para El Salvador con el objeto de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en el país», reza el documento.
El ente interamericano había mostrado el domingo, mediante las redes sociales, su preocupación y rechazo por la situación que vive el país centroamericano, al igual que la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Recordó que, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), se ha afirmado que «el principio de la inamovilidad de jueces en sus cargos es fundamental para la independencia judicial».
«La CIDH urge al Estado de El Salvador a preservar la institucionalidad democrática, respetando la separación e independencia de los poderes públicos», subrayó.
La comunidad internacional ha mostrado su preocupación por la situación política salvadoreña mediante declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este lunes a El Salvador respeto a la Constitución y a la separación de poderes.
Guterres, a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, dijo que está siguiendo de cerca la situación en el país centroamericano y que «toma nota de las preocupaciones expresadas respecto a los procedimientos usados para la destitución de miembros de la Sala de Constitucional».
El Salvador se ha adentrado en una crisis política desde que el sábado el oficialismo tomara las riendas del Parlamento para el periodo 2021-2024 y en su primera acción votó la destitución de los magistrados con los que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tuvo enfrentamientos durante el último año y los sustituyese por otros jueces.
Tras conocerse la destitución, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo declarando inconstitucional la votación en su contra, acción que diversos abogados consideran que anula la votación.
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