Martín Vizcarra llegó a la presidencia de Perú por una carambola. En marzo de 2018, le correspondió asumir la Jefatura de Estado tras la renuncia al cargo del mandatario Pedro Pablo Kuczynski, presionado por las investigaciones sobre sus supuestos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.
Vizcarra, que entonces era vicepresidente, asumió el timón del Ejecutivo para llevar a término el periodo de gobierno, que concluirá con las elecciones presidenciales previstas para abril de 2021.
Pero su interinato ha estado marcado por múltiples crisis y por dos intentos de destitución por parte del Congreso.
El más reciente fue puesto en marcha este viernes, cuando una mayoría de los legisladores acordó debatir la destitución de Vizcarra por su presunta responsabilidad en el llamado «caso Swing».
El mandatario peruano dijo este viernes a la prensa que no piensa renunciar y aseguró que hay en marcha «una trama para desestabilizar al gobierno y, por ende, a la institucionalidad y a la democracia en su conjunto».
Pero, ¿de qué se trata el caso Swing?
Contratos bajo sospecha
La iniciativa contra el actual mandatario peruano tiene su origen en una denuncia periodística de mayo pasado sobre una serie de contratos del ministerio de Cultura con Richard Cisneros, un cantante relativamente desconocido en el país.
Cisneros, cuyo nombre artístico es «Richard Swing», habría recibido -de acuerdo con la denuncia- unos nueve contratos durante los últimos tres años para ofrecer charlas motivacionales a funcionarios del ministerio de Cultura, por las que habría facturado unos US$50.000.
La investigación surgió inicialmente por el hecho de que se trata de actividades aparentemente ajenas a la experiencia y formación del cantante.
La más reciente de estas charlas estaba titulada «Liderazgo transformador sapiencial» y fue ofrecida cuando Perú ya se encontraba inmerso en la pandemia de covid-19.
De acuerdo con la Agencia EFE, Cisneros indicó en el informe sobre esa actividad que se trataba de «un gran aporte a la humanidad».
Hasta esta semana, el caso estaba siendo investigado por la Comisión de Fiscalización del Congreso y por el Ministerio Público.
Sin embargo, en los últimos días los acontecimientos han dado un giro inesperado que ha puesto en aprietos a Vizcarra.
¿Qué ocurrió?
¿Asociación criminal?
Durante las investigaciones, Vizcarra había admitido que había conocido a Cisneros durante la campaña presidencial del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2016 pero aseguraba no tener mayor relación con el artista.
Sin embargo, la prensa peruana publicó informaciones obtenidas de los propios registros del gobierno que revelan que Cisneros había visitado el Palacio de Gobierno en varias ocasiones.
Este hecho en sí mismo no implicaría necesariamente un problema para el mandatario.
Pero el asunto tomó un cariz distinto cuando el legislador opositor Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, divulgó este jueves unos audios que, según dijo, le fueron remitidos de forma anónima.
En las grabaciones, supuestamente se oye a Vizcarra y a otros funcionarios de su gobierno hablar sobre el caso.
Los legisladores opositores consideran que los audios muestran un esfuerzo de coordinación para intentar deslindar al mandatario de Cisneros.
«Se nota una organización criminal, una asociación ilícita, donde el presidente señala acá estamos todos juntos, lo que demuestra que existe una camarilla mafiosa en Palacio que nos está gobernando», señaló el legislador opositor Omar Chehade durante el debate en el Parlamento mediante el cual este viernes se aprobó el inicio del proceso de vacancia contra Vizcarra.
Al mismo tiempo que se reunía el pleno, comparecía ante la comisión de Fiscalización la exasistente de Vizcarra, Karem Roca, quien acusó al mandatario de haberla presionado para que renunciara y se atribuyera la responsabilidad por las visitas de Cisneros al Palacio de Gobierno.
La propuesta para debatir la destitución de Vizcarra por supuesta «incapacidad moral» fue aprobada por 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones.
Para sacarlo del poder, sin embargo, se requerirán 87 votos de un Congreso de 130 miembros, mayoritariamente opositor.
El ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, anunció que este sábado se reunirá el Consejo de Ministros para analizar las acciones legales que se pueden tomar ante el procedimiento puesto en marcha por el Congreso.
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