La negociación entre el gobierno de Nayib Bukele y el Fondo Monetario Internacional por un financiamiento de unos US$1.3 mil millones se suspendió en mayo de este año, luego de que diputados del partido oficial, Nuevas Ideas, tomaron posesión de la Asamblea Legislativa y le dieron golpe a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República para imponer a fieles bukelistas en el Judicial y el Ministerio Público.
Por Héctor Silva Ávalos– Infobae
Desde entonces, y tras buscar fuentes de financiamiento alternativas que nunca llegaron, el gobierno Bukele tuvo que retomar de a poco las negociaciones con el FMI, que entran esta semana a uno de sus momentos más importantes. Durante el último mes, Infobae habló, en Washington y San Salvador, con media docena de funcionarios salvadoreños y extranjeros que conocen de primera mano las negociaciones para reconstruir a grandes rasgos lo que ha ocurrido desde mayo pasado.
“Lo de mayo lo paró todo, pero la negociación se fue retomando, al punto que todo iba bastante bien, incluso antes de la entrada en vigor del bitcoin”, dijo un funcionario salvadoreño que ha seguido de cerca las conversaciones con el Fondo. Otros dos funcionarios en Washington lo confirmaron.
A lo largo de estos meses, el FMI ha hecho énfasis en tres cosas para que las negociaciones avancen: que el Ministerio de Hacienda presente un presupuesto balanceado para 2022, que El Salvador asuma algunos compromisos de buena gobernanza democrática y que el gobierno explique cómo gastó los US$389 millones que el Fondo aprobó en abril de 2020 para hacer frente a gastos de emergencia por la pandemia, según confirmaron dos funcionarios latinoamericanos miembros de instituciones multilaterales en Washington y un funcionario salvadoreño que conoce de cerca las negociaciones entre el FMI y El Salvador.
A mediados de octubre pasado, Infobae pidió al FMI una explicación oficial sobre el estado de las negociaciones con el gobierno de Nayib Bukele y envió un correo para solicitar cada uno de los temas consignados arriba.
Sin entrar en detalles, un portavoz del FMI confirmó que las negociaciones fueron retomadas y advirtió que El Salvador debía de “recalibrar” algunas políticas para que las pláticas avancen.
“Ha habido progreso desde abril para alcanzar las medidas necesarias para un potencial programa. Lo avanzado desde finales de abril requiere que se recalibren las políticas necesarias para garantizar el crecimiento inclusivo, la sostenibilidad fiscal y la estabilidad financiera”, dijo un portavoz del FMI a Infobae.
El vocero confirmó, además, que el staff del FMI y el gobierno programaron reunirse este noviembre para hacer “una evaluación completa” de las políticas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos por el Fondo. Esas reuniones son las que ocurren esta semana en Washington.
Las reuniones se darán en el marco de las llamadas revisiones de vigilancia contempladas en el Artículo IV del acuerdo marco que el FMI establece con todos los países miembros. En virtud de ese acuerdo, los países aceptan que el Fondo haga un escrutinio de sus políticas para, entre otras cosas, “identificar debilidades que estén causando o conduzcan a la inestabilidad financiera y económica”.
En un informe que publicó el fin de semana pasado, la casa financiera británica EMFI, adelantó que, después de estas reuniones las verdaderas negociaciones no habrán hecho más que empezar, y puso en duda que El Salvador alcance un acuerdo favorable en lo que queda de 2021, entre otras cosas porque en el presupuesto 2022 aumenta aún más la deuda pública.
El gobierno Bukele, que suele guardar silencio en temas que se le complica explicar, no ha dicho mucho sobre la negociación con el Fondo. En privado, de acuerdo con dos de los funcionarios consultados, el entorno del Ministro de Hacienda ha mostrado un optimismo moderado, sobre todo luego de que, entre septiembre y octubre, su ministerio hizo varias correcciones al proyecto de presupuesto a petición del FMI.
La versión de plan de gastos que Zelaya presentó a la Asamblea el último día de septiembre había reducido gastos respecto al plan inicial que el FMI había conocido semanas antes y que, al decir de un funcionario en Washington, era “demasiado expansivo”.
La entrada en vigencia de la ley que hizo de bitcoin moneda de circulación legal en septiembre también levantó algunas cejas en el FMI, pero el asunto, a pesar de toda la energía mediática utilizada por el presidente para poner el tema al tope de la agenda política salvadoreña y de las protestas callejeras que esto generó, no ha tenido mayores repercusiones en los pasillos financieros en Washington, por una razón: la obligatoriedad de hacer transacciones prevista en la ley aprobada por los bukelistas nunca se aplicó, con lo que, para todos los efectos prácticos, el dólar sigue mandando en El Salvador.
Lo más complicado para Bukele, en estas negociaciones, tiene que ver con la presentación de cuentas por el dinero gastado durante la pandemia y, en el terreno político, con las derruidas relaciones entre su gobierno y el de Joe Biden, en franco deterioro desde que el Departamento de Estado incluyó a varios de los funcionarios más cercanos a Bukele en la llamada Lista Engel, que nombra a sospechosos de corrupción y de participar en criminalidad organizada. La palabra de Washington, se sabe, es la más importante en cualquier negociación con el FMI.
Las reuniones se darán en el marco de las llamadas revisiones de vigilancia contempladas en el Artículo IV del acuerdo marco que el FMI establece con todos los países miembros. En virtud de ese acuerdo, los países aceptan que el Fondo haga un escrutinio de sus políticas para, entre otras cosas, “identificar debilidades que estén causando o conduzcan a la inestabilidad financiera y económica”.
En un informe que publicó el fin de semana pasado, la casa financiera británica EMFI, adelantó que, después de estas reuniones las verdaderas negociaciones no habrán hecho más que empezar, y puso en duda que El Salvador alcance un acuerdo favorable en lo que queda de 2021, entre otras cosas porque en el presupuesto 2022 aumenta aún más la deuda pública.
El gobierno Bukele, que suele guardar silencio en temas que se le complica explicar, no ha dicho mucho sobre la negociación con el Fondo. En privado, de acuerdo con dos de los funcionarios consultados, el entorno del Ministro de Hacienda ha mostrado un optimismo moderado, sobre todo luego de que, entre septiembre y octubre, su ministerio hizo varias correcciones al proyecto de presupuesto a petición del FMI.
La versión de plan de gastos que Zelaya presentó a la Asamblea el último día de septiembre había reducido gastos respecto al plan inicial que el FMI había conocido semanas antes y que, al decir de un funcionario en Washington, era “demasiado expansivo”.
La entrada en vigencia de la ley que hizo de bitcoin moneda de circulación legal en septiembre también levantó algunas cejas en el FMI, pero el asunto, a pesar de toda la energía mediática utilizada por el presidente para poner el tema al tope de la agenda política salvadoreña y de las protestas callejeras que esto generó, no ha tenido mayores repercusiones en los pasillos financieros en Washington, por una razón: la obligatoriedad de hacer transacciones prevista en la ley aprobada por los bukelistas nunca se aplicó, con lo que, para todos los efectos prácticos, el dólar sigue mandando en El Salvador.
Lo más complicado para Bukele, en estas negociaciones, tiene que ver con la presentación de cuentas por el dinero gastado durante la pandemia y, en el terreno político, con las derruidas relaciones entre su gobierno y el de Joe Biden, en franco deterioro desde que el Departamento de Estado incluyó a varios de los funcionarios más cercanos a Bukele en la llamada Lista Engel, que nombra a sospechosos de corrupción y de participar en criminalidad organizada. La palabra de Washington, se sabe, es la más importante en cualquier negociación con el FMI.
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