La fuga de decenas de bolsonaristas en Argentina, sobre los que pesa una orden de prisión preventiva por participar en los saqueos a edificios institucionales del 8 de enero de 2023, podría convertirse en un caso diplomático. La semana pasada, en el marco de la 28° fase de la Operación Lesa Patria de la Policía Federal brasileña (PF), 50 personas fueron detenidas por orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), relator del caso. En la lista faltan 159 bolsonaristas para los que se emitió una orden de arresto. De ellos, 47 se encontraban en Argentina, pero según estimaciones de la PF, la cifra podría ser mayor. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Itamaraty, dijo a Infobae que “el pasado viernes 7 de junio, la Embajada de Brasil en Buenos Aires remitió a la Cancillería argentina una carta de la Corte Suprema solicitando la verificación de que 143 prófugos de la justicia brasileña se encuentran en territorio argentino”.
Por Infobae
Se trata de un paso necesario en caso de que Brasil quiera extraditarlos, como se afirma en la prensa brasileña. El pasado sábado, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, había declarado en una entrevista con radio Mitre que desconocía el paradero de los prófugos brasileños y que no había recibido ningún pedido formal de extradición.
“En este momento, por lo menos al Ministerio de Seguridad, no ha llegado el requerimiento de personas, ni de nombres, ni de listas. Por ahora esto se mantiene como en una propaganda, pero no en un hecho jurídico válido”, dijo Bullrich a una de las emisoras de Argentina de mayor audiencia.
Mientras tanto, la oficina de la Policía Federal brasileña en Buenos Aires anunció que incluiría a los prófugos brasileños en la lista roja de Ameripol, la Comunidad de Policías de las Américas, un organismo de cooperación policial continental creado en 2007 para facilitar el intercambio de información y las operaciones conjuntas. Treinta países de la región son miembros. En noviembre pasado, fue el entonces ministro brasileño de Justicia, Flávio Dino, hoy uno de los 11 jueces del STF, quien promovió con éxito la firma del llamado Tratado de Brasilia, que reconoce la personalidad jurídica internacional de Ameripol y garantiza un mecanismo legal de cooperación. La policía brasileña estudia la posibilidad de incluir a los bolsonaristas huidos a Argentina también en la lista roja de Interpol.
Expertos escuchados por Infobae creen que un eventual proceso de extradición podría ser largo y complicado, con riesgo de fracaso como ocurrió en marzo pasado con el bloguero bolsonarista Allan dos Santos, residente en Estados Unidos desde 2020. Brasil había solicitado la extradición de dos Santos, sobre quien pesaba una orden de prisión preventiva del juez Alexandre de Morães, bajo los cargos de calumnia y difamación por una investigación sobre fake news y los sucesos del 8 de enero. Las autoridades estadounidenses no la concedieron porque interpretaron que los delitos por los que se acusa a dos Santos en Brasil son delitos de opinión amparados en EEUU por el derecho a la libertad de expresión.
El abogado constitucionalista André Marsiglia, experto en libertad de expresión y derecho digital, dijo a Infobae que “la extradición necesita el consentimiento de las autoridades brasileñas y puede sufrir restricciones cuando hay una solicitud de refugio pendiente, como es el caso de algunas de estas personas. Es decir, es un pedido jurídico con componentes políticos que podrán hacer que la solución se alargue en el tiempo”. La justicia argentina tendrá que examinar primero la petición del estatus de refugio, que sólo podrá conceder tras oír también al gobierno brasileño.
El magistrado brasileño Wálter Fanganiello Maierovitch, jurista y presidente de la Asociación Giovanni Falcone de Ciencias Penales, declaró a Infobae que “los prófugos solicitan, en base al derecho internacional público, asilo político, algo similar al obtenido por el terrorista italiano de los años de plomo Cesare Battisti en el gobierno de Lula. Alegan ser víctimas de persecución política. Si obtienen asilo, la extradición solicitada se verá comprometida”.
Complica el escenario el hecho de que cualquier petición de extradición será hecha por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), que ya ha sido acusado varias veces por los bolsonaristas de persecución política contra ellos. Un punto podría imposibilitar la extradición porque el tratado entre los dos países la prohíbe en casos de crímenes considerados políticos “o relacionados con este tipo de crimen”. La interpretación de los delitos de los bolsonaristas dependerá, por tanto, de la justicia argentina, para considerarlos políticos y, por tanto, con riesgo de persecución en Brasil, o contra el orden público y, por tanto, sin obstáculo para la extradición. El acuerdo vigente entre Brasil y Argentina data de 1968. Los acuerdos posteriores, de hecho, no han entrado en vigor. Ni el elaborado por el Mercosur, aún no incorporado por Argentina, ni la actualización del acuerdo de 1968 hecha por el gobierno de Jair Bolsonaro, aún no aprobada por el Congreso brasileño.
En caso de que Brasil quiera proceder con la solicitud de extradición, la lista que preparará la Policía Federal con los nombres de los fugitivos se transmitirá al STF, que iniciará el procedimiento de solicitud de extradición que luego se enviará al Ministerio de Justicia. Específicamente, el caso será evaluado por el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI) que, en caso de un análisis positivo, transmitirá la solicitud formal a Argentina a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Corresponderá entonces a un juez argentino de primera instancia analizar la solicitud de Brasil, así como una posible solicitud de detención por parte de la justicia brasileña. A continuación, la decisión del juez se remitirá a la Casa Rosada y la decisión final corresponderá al presidente Javier Milei. Si Argentina rechaza la extradición, Brasil podría apelar como último recurso a la Corte Penal Internacional, que generalmente evita interferir cuando existen acuerdos bilaterales que regulan la disputa.
“Sin embargo, hay muchos aspectos a considerar”, declaró Maierovitch a Infobae. “En primer lugar, el aspecto político y económico. El presidente argentino es de derecha, como los bolsonaristas que huyeron, y el gobierno de Lula es de izquierda. Pero no hay que olvidar que Argentina depende para su economía de los negocios con Brasil, que es su gran importador. También hay que recordar que hasta la fecha quienes financiaron la intentona golpista y los militares aún no han ido a juicio. Los únicos castigados hasta ahora han sido las ‘masas de maniobra’, los peces pequeños. Por último, no hay que olvidar que el Parlamento brasileño está debatiendo un proyecto de ley para amnistiar a todos los condenados por los sucesos del 8 de enero. Esto beneficiará a los que todavía están siendo investigados. Y la amnistía, si se aprueba, hará que Bolsonaro vuelva a ser elegible”, dijo Maerovitch.
Uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo, pidió el 30 de mayo, en una visita a Buenos Aires para asistir a un acto organizado por La Libertad Avanza en el Congreso, asilo político para los brasileños acusados de intento de golpe de Estado en los sucesos del 8 de enero. “Entiendo que las autoridades de los dos países necesitarán encontrar al caso alguna salida intermedia, de modo a no herir su relación política, ni dejar de proteger a esas personas, que están siendo juzgadas sin derecho a doble grado de jurisdicción, y de forma colectiva, sin examen individualizado de sus conductas, algo incompatible con un proceso justo”, explicó Marsiglia a Infobae.
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