El nuevo gobierno izquierdista de Bolivia reanudará su participación en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), desdeñados por su antecesor, anunció este viernes la Cancillería.
AFP
El ministerio de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado que Bolivia “en su firme convicción por la integración, reanuda su participación plena como país miembro” en los tres bloques.
Desde el 8 de noviembre, Bolivia está bajo la presidencia de Luis Arce, delfín del expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019).
En su gestión transitoria de un año, la derechista Jeanine Áñez (2019-2020) abandonó el ALBA, anunció que se desvincularía de Unasur y tuvo problemas con la Celac, cuando denunció a México por impedirle ejercer la presidencia pro témpore del bloque.
La Unasur y el ALBA, impulsadas por gobiernos de izquierda, no tienen el vigor de hace unos años.
De Unasur se retiraron países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. ALBA se limitó al rol que le dan Cuba, Nicaragua y Venezuela. El trabajo de la Celac quedó paralizado.
En 2017 fue elegido secretario general del ALBA el actual vicepresidente boliviano y excanciller David Choquehuanca.
La Cancillería boliviana dijo que las decisiones del gobierno de Áñez de “suspender la participación de Bolivia en los mencionados espacios de integración respondieron a intereses meramente políticos”.
Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que reafirma su compromiso con la integración latinoamericana: “Como única vía para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y ambiental que atraviesa actualmente nuestra región”.
Durante el gobierno de Evo Morales, Bolivia apostó con fuerza a la formación de bloques, de la mano del finado mandatario venezolano Hugo Chávez, mientras otros países ajenos a esta línea se quejaron de una excesiva ideologización.
En el departamento boliviano de Cochabamba (centro) se encuentran los edificios que deberían albergar al Parlamento de Unasur, pero nunca funcionaron para tal fin. Su construcción le demandó más de 67 millones de dólares.
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