La junta militar de Birmania (Myanmar) ha aprobado 15 proyectos de inversión por unos 2.783 millones de dólares, de los que 2.500 millones irán destinados a una planta de generación eléctrica a partir de gas.
En un comunicado, la Comisión de Inversiones de Myanmar (MIC, siglas en inglés) señaló que la electricidad generada será destinada al propio país, sin dar detalles sobre la capacidad de la planta o especificar inversores extranjeros.
En los últimos años, Singapur, China y Tailandia han sido los principales inversores extranjeros, principalmente en el sector eléctrico, con un 26 % de las inversiones, seguido del petróleo y gas (25 %) y el manufacturero (14 %), según la MIC, perteneciente al Ministerio de Inversiones y de Relaciones Económicas Extranjeras.
La MIC señaló que los proyectos, que generarán más de 1.400 empleos, también estarán relacionados con la ganadería, industria y sector servicios en el país, que cuenta con 54 millones de habitantes.
Desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, entre otros, han aprobado sanciones contra los militares birmanos y sus conglomerados económicos.
La economía birmana, ya afectada por la pandemia de la covid-19, ha empeorado por las huelgas, el movimiento de desobediencia civil y las protesta diarias que han sido brutalmente reprimidas por los uniformados, que han dejado al menos 775 muertos.
El mes pasado, la agencia de calificación Fitch Solutions pronosticó que la economía birmana se contraerá un 20 % en el año fiscal que comenzó en octubre, en lugar del 2 % proyectado antes del golpe del 1 de febrero.
Birmania, uno de los países más pobres del Sudeste Asiático, se abrió a las inversiones extranjeras en 2011, cuando comenzó la transición democrática y desde entonces vivió un crecimiento promedio del 7 % hasta el 2018.
El Ejército birmano justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de la líder depuesta Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, con el aval de los observadores internacionales. EFE
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