Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias retira a Juan Guaidó el reconocimiento como presidente legítimo de Venezuela, encargado de llevar a cabo el proceso de transición democrática, varios bancos españoles se resisten a que tome el control de las empresas públicas de aquel país saqueadas por el Ejecutivo de Nicolás Maduro. Algo que puede provocar a España un nuevo conflicto diplomático con la Administración de Donald Trump.
Por MANUEL CERDÁN Y M.A. RUIZ COLL | OKDiario
La Asamblea Nacional de Venezuela –cuya legitimidad no reconoce Maduro–aprobó el pasado 20 de agosto el nombramiento de Enrique Castells Ycsiar como presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Internacional C.A. y destituyó al anterior equipo directivo designado por el régimen chavista.
La corporación CVG Internacional C.A. fue fundada en 1960, durante la Presidencia de Rómulo Betancourt, para controlar la explotación y comercialización de las principales materias primas del país, como el hierro, el oro, los diamantes y los recursos forestales. En la actualidad depende del Ministerio de Industrias Básicas y Minería y tiene una plantilla próxima a las 20.000 personas.
La Asamblea Nacional y la Administración de Donald Trump han otorgado a Juan Guaidó el control de varias empresas estatales venezolanas en el exterior, entre ellas CVG Internacional, para llevar a cabo una operación de rescate de activos, con el fin de evitar que sean expoliadas por el chavismo como ha ocurrido con la petrolera PDVSA.
Un botín de 20 millones
En aplicación de dicho acuerdo, Manuel Castells fue nombrado el pasado 3 de enero administrador único de CVG Internacional Filial Europea SL, que tiene su sede en Madrid. Este nombramiento ya ha sido reconocido legalmente y publicado por el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
El equipo de Manuel Castells tomó posesión de la sede de CVG Internacional, situada en un edificio de oficinas de Alcobendas (Madrid), el pasado 22 de enero acompañado por un notario para levantar acta de la situación. Justo tres días antes de que la número 2 de Maduro, Delcy Rodríguez, fuera recibida en secreto por el ministro José Luis Ábalos en el aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez.
La primera decisión de los nuevos administradores de la filial europea de CVG fue destituir a los funcionarios chavistas que trabajaban en su sede de Alcobendas y se mantenían leales al dictador Maduro.
Sin embargo, el equipo de Castells se ha encontrado ahora con una dificultad añadida: tres entidades financieras españolas (CaixaBank, Sabadell y Cajamar) no le permiten asumir el control de las cuentas bancarias de la compañía, en las que hay depositados cerca de 20 millones de euros, según las fuentes consultadas por OKDIARIO.
Un cheque de más de un millón
Este obstáculo puede tener graves consecuencias. El equipo de confianza de Juan Guaidó no puede pagar los despidos de los antiguos funcionarios chavistas y teme que los anteriores administradores puedan seguir accediendo a las cuentas bancarias de la compañía, para completar su expolio.
La entidad que ha puesto más dificultades es Cajamar. En una de sus sucursales en Cuenca, los anteriores administradores de CVG Internacional han intentado cursar un cheque de más de un millón de euros –que había sido anulado antes incluso de que Guaidó tomara el control de la compañía– para realizar pagos duplicados a un proveedor afín al chavismo, explican las fuentes consultadas por este diario. El director de dicha sucursal de Cajamar ha eludido todos los intentos de OKDIARIO de ponerse en contacto con él para obtener una explicación sobre estos hechos.
El equipo de Juan Guaidó teme que la Embajada de Venezuela en Madrid y el Gobierno formado por PSOE y Podemos estén ejerciendo una presión política para que el Ejecutivo de Maduro mantenga el control en España sobre esta empresa pública estratégica. Y no descarta que Delcy Rodríguez y el ministro Ábalos abordaran esta cuestión durante su encuentro secreto en Barajas.
Fuentes próximas a una de las entidades financieras citadas han asegurado que el bloqueo de las cuentas bancarias se debe a una cuestión meramente legal, que podría resolverse en las próximas semanas: los poderes de los nuevos administradores de CVI Internacional aún no han sido homologados en España, mientras que continúan en vigor los otorgados en Venezuela a los anteriores gestores chavistas.
Las sanciones a PDVSA
No obstante, hasta que se resuelva esta situación, la citada entidad financiera se ha comprometido a tramitar exclusivamente los pagos ordinarios que ya estuvieran comprometidos y domiciliados antes del cambio de gestores (como el abono de impuestos), y no cursará ninguna orden que pueda suponer el desvío de fondos de la corporación.
Las fuentes próximas al equipo de Guaidó consultas por OKDIARIO han señalado que no descartan recurrir a los Departamentos de Estado y del Tesoro de EEUU –que respaldan la operación de rescate de activos de CVG Internacional– si los bancos españoles siguen impidiéndole tomar el control de la corporación en España.
De hecho, si Guaidó no logra acceder a los depósitos bancarios de CVG internacional en España, para evitar su expolio, la Administración Trump incluirá a esta compañía en la lista de empresas públicas venezolanas sometidas a un régimen de sanciones, como ya ha hecho con la petrolera PDVSA (y con la rusa Rosneft por comprar crudo a PDVSA).
Apenas unos días después de que Pedro Sánchez se negara a recibir a Juan Guaidó durante su visita a Madrid, Donald Trump escenificó el pasado día 5 su apoyo al presidente encargado de Venezuela recibiéndole en la Casa Blanca y en el Congreso, como la gran apuesta de Estados Unidos para recuperar la democracia en país caribeño.
Otro negocio ruinoso de Maduro
CVG Internacional Filial Europea, con sede en Madrid, declaró en 2016 –último año en el que publicó sus cuentas anuales– un patrimonio neto de 4,6 millones de euros, con unas reservas de 6,7 millones. En aquel ejercicio declaró ventas por importe de 10,4 millones de euros, aunque cerró su balance con un resultado negativo de 1,3 millones.
En su memoria anual, la compañía confía que el Nuevo Plan de Recuperación Minera impulsado por Nicolás Maduro le permita reactivar su actividad y añade que proyectos como el traslado de su planta de laminación y acería implicará fletar y movilizar mercancías desde varios puertos de España, Bélgica y China.
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