La abogada, coordinadora de incidencias del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Sara Fernández, observa que aunque la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH ha bajado su tono, el registro de lo que ocurre en Venezuela en el propio terreno servirá para procesos judiciales futuros.
La Alta Comisionada para los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, presentó el pasado jueves 17 de marzo su actualización oral del informe sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela, en el que precisó que continúan las restricciones al espacio cívico democrática, incluidas las amenazas y estigmatización de medios de comunicación y activistas de derechos humanos.
Al mismo tiempo indicó que acciones como la firma de un memorando de entendimiento entre Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) es otra oportunidad para que las autoridades demuestren su compromiso en la lucha contra la impunidad, y que la reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores.
La acción de la Alta Comisionada fue seguida el viernes 18 del mismo mes con la actualización del informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, que calificó a la reforma legal del sistema de justicia como insuficiente por sí sola e hizo observaciones al aumento de la influencia política sobre el Poder Judicial, especialmente en la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales.
Para la abogada Sara Fernández, coordinadora de incidencias del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), ambas actualizaciones son importantes, no solo por seguir monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela, sino para documentar los distintos casos de violaciones graves a los mismos de caras a futuros procesos judiciales, bien sea de la Corte Penal Internacional, como de un sistema de Justicia nacional efectivamente reformado.
«El balance de las actualizaciones de los informes de la Alta Comisionada y de la Misión es que ambos son positivos. Del informe de la Alta Comisionada hay que destacar el hecho de que necesita estar en el terreno y que ha conseguido mecanismos de cooperación por parte del Estado, lo que la lleva a suavizar sus declaraciones. Es lo que hemos visto en anteriores oportunidades. No hay detalles sobre en qué medida esos avances generan cambio, algo que sí se vio muy resaltado en el de la Misión de Determinación de Hechos», expresa la profesional del derecho.
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