La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó el incremento de la violencia en contra de campesinos, indígenas y afrodescendientes en Colombia.
«En lo que va de 2020, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 66 masacres, en las que 255 personas fueron asesinadas, en 18 departamentos del país», dice un comunicado de prensa de la institución que dirige Bachelet.
Además, la oficina ha recibido información sobre el homicidio de 120 defensores de los derechos humanos en lo que va de año, mientras que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha documentado 244 asesinatos de excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016.
Michelle Bachelet insta a Colombia 🇨🇴 a aumentar la protección de la población debido al aumento de la violencia en zonas rurales. Lee el comunicado completo aquí @mbachelet 👇🏿👇🏿👇🏿 https://t.co/blJ5tDeZZA pic.twitter.com/yCzlwY244f
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) December 15, 2020
«Lamentablemente, después de décadas de conflicto armado, la violencia ha sido normalizada en Colombia, algo que nadie debería aceptar», dijo Bachelet, e indicó que «es trágico ver a tantas personas ser víctimas de la violencia persistente a lo largo del país».
«Además de estos asesinatos, las víctimas incluyen, por supuesto, a los que se quedaron, quienes permanecen casi completamente indefensos», agregó la alta funcionaria de Naciones Unidas.
En el documento, mencionan que la comunidad indígena Nasa ha sido uno de los grupos ancestrales más afectados, con 66 de sus integrantes reportados como asesinados en 2020. «El incidente más reciente ocurrió el 5 de diciembre, cuando cinco personas —incluido un excombatiente de las FARC en proceso de reintegración— fueron reportadas como asesinadas en el Norte del Cauca en dos hechos diferentes»; además, el mismo día, 24 líderes y autoridades de esa etnia recibieron amenazas de muerte.
También hacen mención sobre otro ataque ocurrido el 3 de diciembre, en el departamento del Chocó, donde el líder indígena Miguel Tapi Rito fue asesinado. El crimen provocó que unas 900 personas de su comunidad, principalmente mujeres, niños y niñas, huyeran a un pueblo cercano, donde han estado pidiendo a las autoridades del Estado que les brinde protección.
«Tomar medidas más sólidas
Ante esta situación, la Alta Comisionada llamó a las autoridades colombianas «a tomar medidas más sólidas y mucho más efectivas para proteger a la población de esta horrenda violencia».
Bachelet igualmente exhortó a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a que desarrolle una política pública para desmantelar «las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo».
En esa misma línea, pidió que se realicen investigaciones rápidas, exhaustivas, imparciales, independientes y transparentes sobre todas las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos.
Asimismo, recalcó: «Es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando un amplio rango de políticas públicas integrales, no solo con medidas drásticas en contra de los responsables de la violencia, sino también brindando servicios básicos y salvaguardando los derechos fundamentales de la población».
Las cifras de Indepaz
El Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz) de Colombia ha publicado en su página web un listado de los asesinatos cometidos este año contra activistas sociales.
De acuerdo con esta organización, solo en 2020 han sido asesinados 292 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 12 personas relacionadas con ellos, así como 60 excombatientes de las FARC, firmantes del Acuerdo de Paz.
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