Las cuatro asociaciones judiciales han reaccionado este lunes a la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo. Todas piden respeto a la decisión de los magistrados y su acatamiento. «Hay que hacer un llamamiento a la serenidad», apunta la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el colectivo mayoritario del sector. «Este fallo no es más que la aplicación del Estado de derecho», prosigue Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). «Un orden constitucional es esencialmente un sistema de límites y de garantía de los derechos fundamentales», apostilla Juezas y Jueces para la Democracia. «Como expresaba Cicerón, para ser libres somos esclavos de la ley», remacha el Foro Judicial Independiente.
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La resolución del alto tribunal ha descartado el delito de rebelión y ha condenado a nueve de los dirigentes independentistas por sedición: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. A los otros tres acusados —Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs— los sentencia solo por desobediencia. «Esta sentencia no es más que la evidencia de que nadie está por encima de la ley. Hay unas personas que han sido juzgadas por unos hechos penales, no por hechos políticos. Por tanto, normalidad en el funcionamiento de la Justicia española», reacalca Raimundo Prado.
En esa línea también se pronuncia el Foro Judicial Independiente: «El Tribunal Supremo pone de manifiesto a la ciudadanía que la justicia funciona y todos los españoles somos iguales ante la ley. En un estado social democrático y de derecho todos los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir estrictamente el principio de legalidad». «Esta resolución es la más clara expresión del adecuado funcionamiento del Estado de Derecho, de la fortaleza de nuestras instituciones y de la independencia del Poder Judicial en España», continúa también la APM.
«Se trata de una decisión de indudable trascendencia histórica, de la que solo el tiempo permitirá establecer su alcance en la convivencia democrática y el funcionamiento institucional de nuestro país», apunta Juezas y Jueces para la Democracia, que añade: «Una voluntad política no sujeta al derecho atenta contra los principios de un sistema constitucional y sienta las bases del autoritarismo». Y matiza: «La crítica a las resoluciones judiciales es legítima y necesaria en una sociedad democrática. El contrapunto de esa libertad es que no se coarte la independencia judicial y se garantice que el tribunal que resuelve no se vea condicionado por injerencias externas».
Con información de EL PAÍS
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