A veces solo como testigos, pero casi siempre como víctimas o contrincantes, diversas etnias indígenas han presenciado el avance sostenido por sus territorios de grupos armados como el ELN y las facciones de las FARC. Sus denuncias tempranas, que debieron servir como advertencias, consiguieron de forma esporádica la atención nacional. Apenas ahora, cuando esas fuerzas irregulares controlan los negocios ilegales que prosperan en cuatro de los siete municipios del estado, se hace evidente que se proponían completar una verdadera ocupación.
Por María Antonieta Segovia / Joseph Polisuk / María de los Ángeles Ramírez / Armando Info
Es domingo en Betania Topocho, una comunidad habitada por 1.200 indígenas piaroa, a unos 40 kilómetros al norte de la capital de Amazonas, Puerto Ayacucho. Son las diez de la mañana y sus pobladores se visten y acicalan para congregarse en la iglesia evangélica cercana.
A la pequeña aldea se le ha adjudicado en los últimos años un desproporcionado valor político y estratégico. Durante los gobiernos del fallecido Hugo Chávez -años de bonanza petrolera y derroche-, Betania Topocho se volvió un centro piloto oficioso de los programas sociales del régimen. Sus habitantes fueron beneficiados con una planta procesadora de piña, una radio comunitaria, un ambulatorio, un liceo, autobuses, wifi comunitario y créditos para emprendimientos económicos y sociales.
Pero desde entonces, una vez dejada de lado por el Estado venezolano, la comunidad pasó a ser centro de operaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Hasta tres grandes campamentos del grupo guerrillero se hallan a apenas cinco kilómetros de la comunidad.
Betania Topocho es una encrucijada. Se encuentra muy cerca de la desembocadura del río Apure en el Orinoco, justo en el vértice donde coinciden las fronteras de tres estados venezolanos, Amazonas, Apure y Bolívar, con el Vichada colombiano. Esa cuña ofrece una atalaya estratégica al ELN, cuyo bastión tradicional era el estado Apure, en la zona de Los Llanos, vecino del departamento colombiano de Arauca, pero que desde allí se desplazó a la selva de la Orinoquía para llenar el vacío que las FARC oficiales dejaron al plegarse al proceso de paz en Colombia.
Desde Betania Topocho se controlan las entradas y salidas de un vedado que las guerrillas colombianas, el ELN y las nuevas disidencias de las FARC, controlan. Abarca cuatro de los siete municipios del estado Amazonas -Atures, Autana, Manapiare y Atabapo-, así como áreas de los vecinos estados Bolívar y Apure. Todas son zonas donde prospera la actividad minera o pasan rutas de la droga.
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