El informe indicó que documentó de manera extensiva como “las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
También constató numerosos actos de tortura y otros malos tratos. En un lista, identifica las nueve técnicas de las fuerzas chavistas para lastimar y humillar a los presos políticos: fuertes golpizas; asfixia con sustancias tóxicas y agua; posiciones de estrés; reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras; violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación; cortes y mutilaciones; descargas eléctricas; uso de drogas para inducir a la confesión; y tortura psicológica.
No se desprende de manera clara de la declaración el pedido para que la Corte Penal Internacional analice el informe de la ONU. Pero una alternativa podría ser incluirlo como posible evidencia en el examen preliminar que el tribunal lleva a cabo sobre la situación en Venezuela desde febrero de 2018.
La CPI abrió la investigación luego de que seis países –Canadá, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Paraguay– así lo solicitaran como consecuencia de los abusos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes opositores en 2017 que dejaron alrededor de 125 muertos.
A finales de mayo de este año, la fiscal general Fatou Bensouda dijo que su oficina había realizado “avances significativos” en la causa y que esperaba “resolver la evaluación sobre la jurisdicción de la materia en el curso de este año”.
Además, el grupo enumeró otras posturas: reafirmó su respaldo al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional; e hizo un “llamado a autoridades internacionales a investigar a fondo las relaciones del régimen ilegítimo con el crimen organizado, el terrorismo, la corrupción y otras manifestaciones delictivas internacionales”. El último punto de la declaración “reitera la importancia de la cooperación internacional en la atención a la situación migratoria en países de acogida”.
14 de los 16 países que participaron de la reunión suscribieron la declaración. Uno de los dos que no lo hizo fue Argentina, cuya diplomacia atravesó semanas de controversia con respecto a la crisis venezolana luego de que su embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, rechazara el informe de la misión de la ONU.
Buenos Aires luego votó a favor de la resolución del Consejo de Derechos Humanos del organismo multilateral que condenó las violaciones a los derechos humanos y renovó por dos años la Misión de Determinación de Hechos (Fact Finding Mission, en inglés) en el país caribeño.
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En concreto, el informé presentado en septiembre señaló a lo largo de 21 páginas a Nicolás Maduro y a sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en los graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.
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