La legalización de la eutanasia en Perú está desde este jueves en manos de la Justicia, donde quedó vista para sentencia la demanda de una muerte digna presentada por Ana Estrada, una mujer de 44 años que desde los 12 sufre polimiositis, una enfermedad degenerativa que atrofia y debilita los músculos.
EFE
«Hoy es un gran día para mí, el más esperado», dijo Estrada al iniciar su alegato en la audiencia judicial, un momento para el que esperó un año desde que presentó la demanda de amparo con el patrocinio de la Defensoría del Pueblo.
Por videoconferencia y postrada desde la cama de su casa, Estrada solicitó al juez Jorge Luis Ramírez, titular del 11 Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la necesidad de despenalizar el homicidio culposo, penado con hasta tres años de cárcel para quien por piedad mate a un enfermo incurable que le haya pedido poner fin a sus intolerables dolores.
«No puedo mover absolutamente nada de mi cuerpo. Si algo me incomoda, necesito que lo hagan por mí. Dependo totalmente de mis padres, que son adultos mayores», explicó Estrada, quien ahora necesita respiración asistida mediante una traqueotomía, la misma que debe retirarse para hablar con mucho esfuerzo.
«Si necesito algo, tengo que hacerle un sonido con la lengua para que la enfermera se acerque cuidadosamente a cambiar mi posición», añadió la paciente.
La promotora de la eutanasia en Perú detalló que desde antes de cumplir 30 años usa silla de ruedas y necesita asistencia para tareas básicas como vestirse, cocinar o ir al baño, pero pese a ello pudo estudiar Psicología y trabajar hasta que sus músculos se debilitaron tanto que la dejaron totalmente impedida.
NO QUIERE MORIR EN LA ILEGALIDAD
Después de volver en 2016 al hospital donde en 2015 ya estuvo seis meses en una unidad de cuidados intensivos (UCI) y le practicaron la traqueotomía, se planteó no prolongar su vida en condiciones indignas.
«Fue ahí cuando me di cuenta que esto no era vida para mí, que yo ya lo había perdido todo. Me di cuenta ahí que en mi país está criminalizado si alguien me ayuda a poner fin a mi sufrimiento», lamentó Estrada.
«Ya ni siquiera la enfermedad era lo que me causaba dolor, sino que es este artículo 112 del código penal criminaliza y hace que el Estado tenga derecho sobre mi vida y decisiones», continuó.
La demandante reconoció que al inicio se planteó poner fin a su vida «de manera clandestina», pero luego se lo replanteó porque no quería hacerlo en la «ilegalidad».
«No ha sido nunca mi modo de desenvolverme en la vida y no quiero que ese sea el final de mi vida. Hubiese sido trágico y terrible hacerlo de ese modo», argumentó Estrada, admiradora de otros casos emblemáticos de promotores de la eutanasia como el de Ramón Sampedro en España.
«No creo que haya una manera correcta o incorrecta de llevar una enfermedad. Creo que hay que evaluar la situación de cada persona y paciente de acuerdo a su propia historia, creencias e ideologías», agregó.
LÚCIDA, ALEGRE Y SIN DEPRESIÓN
Preguntada por el juez si su petición de muerte digna no está influenciada por algún tipo de depresión derivada de su enfermedad, Estrada respondió que, al ser psicóloga y ser paciente de psicoanálisis por más de 20 años, reconoce claramente cuál es la diferencia.
«Yo no estoy deprimida. Es paradójico, pero tengo mucha alegría y energía. Si no, me hubiese derrumbado y echado a llorar o incluso haberlo hecho clandestinamente. No lo hice porque estoy lúcida y la razón principal de mi demanda es que quiero la libertad de poder elegir cómo, cuándo y dónde poder morir», concluyó.
A su turno, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aclaró que ella no puede materialmente acabar con su vida por sí misma y requiere de alguien para hacerlo que ahora mismo recibiría hasta tres años de cárcel.
«Ella quiere vivir, pero quiere ejercer la libertad de poder decidir para cuándo el grado de su enfermedad está en condiciones tales que no son dignas de seguir viviendo», manifestó Gutiérrez.
«No es que se quiera suicidar el día de hoy. Es una persona de una gran alegría e insufla alegría y vitalidad a muchas personas. Ella ha perdido la libertad de poder desarollarse en muchas dimensiones de su vida, pero el último recodo de libertad que no quiere perder es este, y el Estado no puede ser omiso a esta petición», añadió el Defensor del Pueblo.
EL GOBIERNO, DISCONFORME CON LA VÍA JUDICIAL
Sin embargo, tanto los procuradores públicos (abogados del Estado) de los Ministerios de Salud y de Justicia y Derechos Humanos, así como del Seguro Social de Salud (EsSalud), se mostraron en contra de que el juez acepte la demanda.
«Nosotros consideramos que el derecho a la vida es fundamental. Mientras haya vida, hay derecho a la dignidad humana», aseguró el abogado del Ministerio de Salud.
Los representantes del Gobierno y de la salud pública peruana consideraron que la legalización de la eutanasia debe darse mediante una ley dictada por el Congreso y no por una sentencia, pues consideran un conflicto de poderes del Estado que la Justicia los obligue a regular sobre una materia.
«Yo conozco bastante bien hasta dónde el juez puede o debe actuar en una sentencia y hasta dónde corresponde al Legislativo, pero a pesar de ese conocimiento que considero tener, este es un tema bastante debatible y todavía no encuentro el camino preciso y definido», señaló el magistrado.
La audiencia concluyó sin conocerse la fecha en la que el juez emitirá su fallo, que anticipó que no se dará en el plazo contemplado por la ley al escudarse en la complejidad del caso y en la carga de trabajo de su despacho.
La petición de legalizar la eutanasia cuenta con el apoyo del Colegio Médico del Perú (CMP), pues en su código de ética se contempla que «ningún médico puede realizar actos o medidas que linden con la posibilidad de prolongar innecesariamente la vida».
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