Dos temas dividen al oficialista Frente de Todos, la coalición neoperonista organizada por la expresidenta Cristina Kirchner que hace más de un año llevó a la presidencia argentina a Alberto Fernández: las relaciones con Venezuela y los casos de corrupción que siguen abiertos por la justicia de ese país contra la señora Kirchner y sus colaboradores más cercanos. El presidente Fernández ha ido maniobrando para conciliar lo irreconciliable: gobernar y dar una imagen respetable de Argentina a la sombra de su poderosa vicepresidenta.
Por Pedro Benítez – ALnavío
En Argentina se denomina “grieta” a la polarización política que empezó en el gobierno de la expresidenta (hoy vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner, y que habría venido a reemplazar la histórica antinomia entre peronistas y antiperonistas que dominó la vida pública de ese país durante la segunda mitad del siglo XX. Se le atribuye su autoría al controversial periodista Jorge Latana, que la usó para describir el creciente enfrentamiento político y social entre kirchneristas y antikirchneristas. Un punto álgido de esa pugna se dio durante el gobierno de Mauricio Macri.
Cuando el actual presidente Alberto Fernández juró su cargo el 10 de diciembre de 2019 prometió “terminar con la grieta”.
“Apostar a la fractura y a la grieta significa apostar a que esas heridas sigan sangrando. Actuar de ese modo sería lo mismo que empujarnos al abismo”, dijo en aquella ocasión.
Pero sus palabras y estilo contrastaron de manera muy notoria con los de su vicepresidenta y jefa política del movimiento que lo postuló como candidato presidencial. En el solemne acto la señora Kirchner desairó abiertamente al mandatario saliente (Macri) dejando clara su actitud de seguir siendo consecuente con el rencoroso estilo político que la caracteriza.
De allá para acá se ha ido abriendo de manera lenta, pero progresiva, una nueva grieta. Pero no entre gobierno y oposición, sino dentro de las propias filas oficialistas.
Entre las diversas promesas que como candidato hizo el actual presidente argentino hubo una en particular clave, y muy sentida, en el movimiento kirchnerista: parar los procesos judiciales abiertos en contra de la vicepresidenta y sus más inmediatos colaboradores. Procesos que el kirchnerismo aseguraba eran parte de la persecución política que contra su lideresa montaron los medios de comunicación y el gobierno del expresidente Macri (2015-2019). ‘Lawfare’ lo ha bautizado ella misma.
Pero a lo largo del año pasado esos procesos (sólo ella tiene 10 en curso) no se detuvieron. Desde la perspectiva de Cristina Kirchner la victoria electoral que con tanta habilidad confeccionó en 2019 no ha cumplido con los objetivos (por ella) deseados.
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