El mismo perro con el mismo collar. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que está impulsando el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, con el apoyo y aliento de su socio y vicepresidente Pablo Iglesias, se parece bastante (y no por casualidad) a las reformas que al otro lado del Atlántico impulsó en su momento Hugo Chávez en Venezuela, y a la que ahora pretenden hacer Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina. Poner a los jueces bajo control de un solo grupo político.
Pedro Benítez – ALnavío
El pasado martes 13 de octubre, representantes de la coalición de gobierno que conforman PSOE y Unidas Podemos presentaron en el Congreso de los Diputados de España un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
De ser aprobada, la norma permitiría renovar una parte importante (12 de 20 miembros) del Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno del Poder Judicial) no con los tres quintos del Congreso de Diputados (210 votos), como establece la ley actual, sino por mayoría absoluta (176 votos). Con lo cual sólo serían necesarios los votos de una coalición de gobierno, eliminando así el derecho de veto de la oposición.
Precisamente la coalición gobernante en España aduce la necesidad de romper el bloqueo impuesto por el líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, a los intentos previos de renovar mediante negociación el Consejo General del Poder Judicial.
Según información de prensa son los dirigentes de Podemos los más entusiastas promotores de esta reforma que modificaría las reglas de juego entre gobierno y oposición que ha conocido la política española para designar los miembros de ese Consejo, desde que se aprobó la actual ley en 1985.
Esta ha sido muy criticada porque impregnó de partidismo la designación de los cargos judiciales en España. Pero esa ley tiene un mérito: obliga a consensuar las designaciones judiciales entre gobierno y oposición. Lo que pretende esta reforma es eliminar ese obstáculo. Algo, por cierto, muy parecido a lo que han hecho los gobiernos populistas de derecha en Hungría y Polonia.
No cabe duda de que el sistema judicial español es imperfecto, y por lo tanto bastante mejorable, como el resto de sus instituciones democráticas.
Al ser elegida por un cuerpo esencialmente partidista, como el Congreso de los Diputados, la cúpula del Poder Judicial español está politizada en su origen. Un defecto que comparte con casi todas las democracias avanzadas del mundo.
A lo que apunta esta reforma es a destruir el consenso entre gobierno y oposición para establecer las reglas de juego que han caracterizado la imperfecta democracia española desde que nació formalmente en 1978.
De ahí el entusiasmo de los dirigentes de Podemos. Eso es precisamente lo que están buscando.
Lo sorprendente es que esta maniobra estaba telegrafiada. En 2016 el mismo Pedro Sánchez había advertido públicamente la intención por parte de los dirigentes de Podemos de copar las palancas claves del Estado, usando como excusa la necesidad de reestablecer ciertos derechos sociales lesionados por los años de la crisis económica que empezó en 2009.
Pero por ahora Sánchez incurre en lo que criticó y, de paso, se presta a la agenda de Podemos, cuyos fines son muy distintos a los que ha representado el PSOE durante estos 40 años de democracia en España.
Pedro Sánchez y su vicepresidente Pablo Iglesias están viendo a los jueces como lo que efectivamente son, un obstáculo para el ejercicio de su propio poder.
Lo que Pablo Echenique denomina como una “propuesta para desbloquear la renovación” del Poder Judicial es en realidad una coartada que va contra el corazón mismo del régimen democrático español iniciado en 1978.
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