Precandidatos presidenciales, políticos opositores, históricos militantes del sandinismo y hasta empresarios, en las últimas dos semanas las cárceles en Nicaragua se han llenado de presos políticos. De cara a las elecciones presidenciales previstas para noviembre de este año, Daniel Ortega ha decidido decapitar a toda la oposición real o potencial que amenace su reelección.
Por Pedro Benítez – ALnavío
Ortega no quiere correr riesgos. No quiere que se repita la historia de 1990 cuando de manera sorpresiva la candidata presidencial de la Unión Nacional Opositora (UNO), doña Violeta Barrios de Chamorro, lo derrotó en las elecciones de ese año.
Treinta y un años después, ha decidido, por lo visto, asegurarse una nueva reelección presidencial decapitando a toda la oposición nicaragüense, incluyendo a los precandidatos presidenciales o posibles aspirantes a competir con él en las elecciones a realizarse el próximo mes de noviembre.
Para ello está haciendo uso de un instrumento legal que la Asamblea Nacional de Nicaragua (que él controla por amplia mayoría) aprobó en diciembre de 2020. La “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que los nicaragüenses llaman “Ley 1055” o, simplemente, “Ley Guillotina”.
La misma contempla que todo opositor considerado “golpista” o “traidor a la patria” quedará inhabilitado para optar a cualquier cargo de elección popular. ¿Quiénes entrarían en esas categorías según el gobierno de Ortega? Todos aquellos que participaron en las protestas sociales de 2018, o que luego hayan solicitado sanciones internacionales contra su régimen por la represión que siguió.
De hecho, Ortega ha llegado a decir que los que participaron en aquellas protestas han perdido su derecho a ser candidatos en los próximos comicios por haber sido parte de un “intento de golpe de Estado”. Y agregó: “No los podemos expulsar (de Nicaragua) porque nacieron aquí”.
La maniobra es evidente, eliminar cualquier competencia en su camino a la reelección.
Fiel a su estrategia, en las últimas dos semanas su Policía ha detenido a tres precandidatos presidenciales y nueve dirigentes de los partidos de oposición. A ellos hay que agregar a Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta, que también se promovía como candidata independiente, y ahora permanece bajo arresto domiciliario acusada de lavado de dinero.
A este grupo hay que añadir a los representantes de un sector que tuvo una fructífera luna de miel con Daniel Ortega entre 2006 y 2018: los empresarios privados. Entre los dirigentes opositores detenidos la semana pasada por la Policía Nacional de Nicaragua destaca José Adán Aguerri, conocido hombre de negocios y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada.
En 2018 Aguerri fue uno de los primeros dirigentes empresariales que rompió con el “Modelo de Diálogo y Consenso” con que el sector privado nicaragüense se entendió con Ortega, mientras que éste, por otro lado, montaba su autoritarismo.
Pocas horas después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara, con una mayoría de 26 votos, una resolución en la que condena «inequívocamente» esa ola de detenciones, la Policía de Ortega detenía a otra importante figura de la empresa privada; Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del grupo financiero centroamericano Banpro.
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