Los hechos demuestran que una minoría de migrantes venezolanos, profundamente violentos (…), son un factor de inseguridad enorme en nuestra ciudad, dijo la mandataria.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunció este jueves que una “minoría” de venezolanos está perturbando gravemente la seguridad en la ciudad y reprochó al gobierno por la falta de garantías para los colombianos frente al masivo fenómeno migratorio.
Sus declaraciones fueron mal recibidas por políticos y funcionarios, que las interpretaron como xenófobas. La controversia se da justo cuando el gobierno avanza en un plan para regularizar a casi un millón de indocumentados que llegaron de Venezuela huyendo de la crisis en su país.
López profirió críticas contra la violencia que, según ella, están protagonizando algunos migrantes tras el asesinato el miércoles de un policía de 24 años a manos de un venezolano en el norte de la capital, durante una requisa. El agresor murió en el intercambio de disparos y su cómplice, también venezolano, fue capturado, de acuerdo con autoridades.
“Por supuesto que la mayoría de migrantes son gente humilde, huyendo de una dictadura, pero (…) los hechos demuestran que una minoría de migrantes venezolanos, profundamente violentos (…), son un factor de inseguridad enorme en nuestra ciudad”, dijo la mandataria opositora de centroizquierda durante un homenaje al uniformado.
Acompañada por mandos policiales, López aseguró que el asesinato del patrullero Edwin Caro no es un “caso excepcional”.
“Respetamos las políticas del gobierno nacional, pero a los migrantes venezolanos todo se les ofrece y a los colombianos, ¿qué se les ofrece?, ¿qué garantías tenemos de que no haya una competencia desleal por sus empleos, especialmente para la gente humilde, de que no se aprovechen de la generosidad del gobierno de Colombia para agredir a ciudadanos colombianos?”, cuestionó.
De acuerdo con Migración Colombia, en el 2019 – último dato disponible – las autoridades identificaron a venezolanos como responsables del 3,2% de los delitos cometidos en este país. “Es infundado atribuir la criminalidad a estas personas”, dijo en octubre Juan Francisco Espinosa, director del organismo.
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