La ONU y personalidades como el expresidente Juan Manuel Santos, calificaron este viernes como un avance hacia la verdad y la reconciliación el hecho de que la extinta guerrilla de las FARC haya aceptado su responsabilidad en los miles de secuestros que ejecutaron durante el conflicto colombiano.
EFE
Los jefes del último secretariado de las FARC reconocieron hoy los hechos que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les imputó en una resolución del «Caso 01», sobre «Toma de rehenes y otras privaciones graves de libertad» y admitieron que existía «una política» de secuestro durante el conflicto.
Esto «muestra el compromiso continuo (de las FARC) con el Acuerdo Final de Paz y en particular con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición», valoró el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien consideró el reconocimiento como «un avance importante en derechos de las víctimas, verdad, justicia y reconciliación».
Por su parte, el expresidente Santos (2010-2018), que fue quien firmó la paz con la guerrilla en 2016, estimó, en su cuenta de Twitter, que «la contribución a la verdad, con el reconocimiento de las FARC de su responsabilidad en los secuestros, es un paso muy importante hacia la reconciliación».
Los exjefes de las FARC radicaron su respuesta ante la JEP, que no se hizo pública aún, donde aceptan sus responsabilidades individuales ante las víctimas, y reconocen que había «una política» por parte de la antigua guerrilla de secuestros para financiar su oposición armada, ganar territorio y usarlo como ficha de cambio.
CIEN SECUESTRADOS DESAPARECIDOS
«Asumimos como dirección última que fuimos de las FARC-EP la responsabilidad por ordenar capturas y privación de libertad de forma prolongada de civiles y de miembros de la fuerza pública», explicó hoy el exjefe de las FARC y actual senador del partido Comunes Julián Gallo, conocido en sus épocas de guerrillero como «Carlos Antonio Lozada».
Los exjefes guerrilleros también reconocieron que además del secuestro se produjeron otras violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH), «que no fue una política de la organización», pero que asumieron como autoría en aras del perdón y la reconciliación.
También se comprometieron a localizar los cuerpos de 100 personas «que fueron secuestradas, ejecutadas y enterradas en algún lugar sin identificar», lo que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), también surgida del acuerdo de paz, valoró como «un avance para esclarecer con urgencia lo ocurrido con las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado».
«Las FARC fueron una guerrilla brutal responsable de atrocidades masivas, incluyendo reclutamiento de menores, secuestros y violencia sexual», alegó el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, que explicó que «el reconocimiento sobre la política de secuestro es una prueba más de esta brutalidad».
SIGUIENTES PASOS HACIA LA SENTENCIA
La JEP, surgida del acuerdo de paz como justicia transicional, confirmó que recibió el informe de las FARC, así como observaciones hechas por la Procuraduría (Ministerio Público) y de los comparecientes del caso, en el que hay acreditadas 2.107 víctimas de secuestros y crímenes derivados, principalmente entre 1993 y 2012.
Ahora tiene que «analizar judicialmente estos pronunciamientos» y fijar una fecha para una audiencia de reconocimiento, que establecerá si existe o no «reconocimiento pleno de las delitos imputados y aportes a la verdad plena».
En caso de que considere que sí lo hay, se adoptará una resolución de conclusiones que permitirá imponer «las sanciones restaurativas cuando corresponda», que serán consultadas a las víctimas y deben tener «un propósito reparador», y pueden incluir restricciones efectivas de la libertad.
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