Las protestas de Birmania se ven desde el espacio. Las imágenes satelitales de la compañía tecnológica Maxar Technologies, a las que ha tenido acceso la CNN, dan fe de ello. Por ejemplo, escrito en grande en el asfalto de una gran avenida de la ciudad de Mandalay, se puede leer «Queremos democracia». También, en la estación de tren se aprecian los camiones de los militares impidiendo el paso a los manifestantes. En otra ciudad, Rangún, las imágenes del satélite muestran a la multitud apiñada alrededor del ayuntamiento, rodeada de los vehículos equipados con cañones de agua de la policía.
Desde 2007 no se veían unas protestas tan grandes en Birmania. Han pasado 17 días desde el golpe militar, cuando el Ejército tomó el poder poniendo fin a una década donde un sistema muy parecido al de una democracia imperaba en este país del Sudeste Asiático.
Día tras día, los movimientos de desobediencia civil han ido en aumento, concentrado cada vez a más manifestantes en varias ciudades del país, que piden a los generales golpistas que devuelvan el poder a la líder Aung San Suu Kyi y a su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), que reclama su aplastante victoria en las pasadas elecciones de noviembre, con el 83% de los votos. Pero los militares, justificándose en un presunto fraude electoral, no ceden ni a las protestas ni a la presión internacional.
DESAFÍO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
Las preocupaciones sobre el potencial de violencia en Birmania aumentan a medida que los manifestantes contra el golpe instan a los partidarios a salir a las calles en masa, desafiando a las fuerzas de seguridad y a las tropas listas para combatir en el terreno.
Hace unas horas, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Birmania, Tom Andrews, comentó que estaba «aterrorizado» por lo que podía ocurrir si las protestas masivas planificadas estos días y las tropas militares convergen en un mismo punto. Andrews aseguró que cientos de soldados de las divisiones de infantería ligera, involucrados en las campañas violentas contra las minorías étnicas del país, han sido trasladados esta semana a la capital, Rangún. «En el pasado, estos movimientos de tropas precedieron a asesinatos, desapariciones y detenciones a gran escala. Podríamos estar al borde de que los militares cometan crímenes aún mayores contra el pueblo de Myanmar (Birmania)», afirmó el relator a los medios locales.
Según la organización Human Rights Watch (HRW), estas divisiones del ejército birmano, especialmente el comando 77 y el 33, fuerzas de élite entrenadas para luchar contra los grupos rebeldes armados, fueron las que en 2007 reprimieron a tiros las protestas de los monjes budistas en la llamada Revolución del Azafrán, que pedían una bajada de precios para reducir unos índices de pobreza cada vez mayores. Cientos de civiles murieron.
Estos soldados también han sido acusados de encabezar la violenta campaña contra la comunidad étnica rohingya en el estado de Rakhine. Según las pruebas presentadas por los investigadores de la ONU, estos militares persiguieron, asesinaron, quemaron sus casas y expulsaron hace cuatro años a más de 700.000 rohingyas. Entonces estaban dirigidos por el comandante jefe del ejército de Myanmar, Min Aung Hlaing, quien lidera el nuevo gobierno militar.
«Estos comandos están profundamente implicados en muchos de los incidentes violentos, asesinatos documentados y participa activamente en la represión violenta de manifestaciones», dice un comunicado de HRW.
BARRICADAS CONTRA LOS MILITARES
Este miércoles, la jornada de protestas comenzó fuerte en Rangún -ahora conocida como Yangon- y en Mandalay, donde decenas de miles de personas han bloqueado con barricadas y autobuses las principales carreteras del centro de las ciudades para intentar evitar la entrada de los vehículos policiales y los blindados militares. Muchos más manifestantes se han sumado hoy a las marchas por las calles del centro después de que ayer la junta militar anunciara una nueva acusación contra Suu Kyi, que no ha vuelto a ser vista en público desde el golpe de Estado y se cree que permanece en arresto domiciliario.
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