La detención del expresidente peruano Pedro Castillo “es ilegal” y su defensa está buscando “que salga en libertad”, afirmó este lunes el abogado del ex jefe de Estado, Miguel Pérez Arroyo, frente a medios de comunicación.
“En este caso, entendemos que la detención ha sido ilegal”, declaró Pérez Arroyo a periodistas antes de ingresar a la sede policial de la Diroes, en el este de Lima, donde permanece arrestado el exgobernante.
El abogado añadió que, por ese motivo, de momento solo le interesa que “salga en libertad” e informó que ya presentó una apelación a la detención preliminar durante 7 días que se dictó contra Castillo.
Pérez Arroyo aseguró que en el Congreso se está “haciendo toda una estrategia de celeridad” para que el exmandatario permanezca en la cárcel y enfatizó que “un levantamiento de fuero implica todo un ejercicio del derecho de defensa y no lo han hecho”.
También acusó a la Fiscalía de entrar “en un juego político que no debió” y sostuvo que planteará “las salidas que son legales y constitucionales” para lograr la liberación del exmandatario.
“Eso es lo que se está trabajando”, concluyó.
El Congreso peruano aprobó durante la madrugada de este lunes una resolución que autoriza a levantar un fuero especial a Castillo, que evitará que tenga que pasar por un antejuicio político -un proceso en el que se levanta la inmunidad de los funcionarios- y abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por el delito de rebelión.
La medida legislativa se aprobó en momentos que la defensa del exmandatario ha presentado varios recursos de amparo contra la detención de Castillo, en tanto que el gobierno de México ha informado que ha recibido una solicitud de asilo por parte del exgobernante.
Este lunes, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo, y tres de sus ministros, como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración.
Además, como presunto autor del delito de abuso de autoridad, y de grave perturbación de la tranquilidad pública.
Al respecto, Pérez Arroyo afirmó previamente que en el Congreso “se están violentando” los derechos del exgobernante y recordó que no se está “procesando a cualquier persona, sino a un expresidente de la República”.
“Desde el punto de vista penal se debe tener más cuidado”, enfatizó antes de considerar que esas decisiones no van “a tener valor desde la perspectiva legal y constitucional”.
Castillo permanece detenido tras ser destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.
El exgobernante publicó este lunes una carta desde su centro de arresto, al que fue trasladado tras su fallido autogolpe de Estado, en la que escribió que considera estar “secuestrado” y tachó de “usurpadora” a la mandataria Dina Boluarte, que asumió la jefatura de Estado tras su destitución.
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