El coordinador nacional del partido opositor Primero Justicia (PJ), Julio Borges, hizo referencia por medio de un artículo publicado en el portal Infobae, sobre el aumento de los ingresos y no la calidad de vida de los venezolanos, debido a las erradas políticas implementadas por Nicolás Maduro.
«Bajo el yugo de un sistema autoritario reina la opacidad, la corrupción, la desinformación y la falta de respuestas a los dramas sociales», comentó.
Hay quienes sostienen que en la medida en que los ingresos de Venezuela se incrementen, sin importar que los administre el régimen de Nicolás Maduro, las condiciones de vida de la población venezolana mejorarán. No obstante, la evidencia científica parece no acompañar esta premisa. Pues en este año todos los analistas comparten el diagnóstico de que los fondos que llegan a las arcas del Estado han aumentado de forma considerable por el impacto de los altos precios del petróleo, que se dispararon producto de la guerra en Ucrania. Sin embargo, las imágenes del Darién y de los hospitales del país van en dirección contraria. Pareciera que son síntomas de que la enfermedad no ha dado su brazo a torcer, y que la crisis social en lugar de contenerse, por el alto flujo de recursos, se desborda más y más.
Según algunas estimaciones de expertos en materia económica, los ingresos que ha recibido este año Venezuela, por concepto de renta petrolera, superan los 15.000 millones de dólares. Esta cifra es tres veces superior al total de ingresos petroleros que se registraron en 2020, cuando se recibieron 5.700 millones de dólares. Estamos hablando de que solo en petróleo, sin tomar en cuenta otras fuentes de generación de recursos, los ingresos aumentaron poco más de 180 % con respecto a años anteriores.
Pese a este gordo recaudo, la radiografía social sigue siendo dramática. Aunque los números se vean en verde, no parecen permear aguas abajo. Los venezolanos siguen contemplando la opción de abandonar el país como la más idónea para conquistar un futuro decente y digno para ellos. La pobreza no cede y el hambre sigue tocando la puerta de cada familia.
Para el momento en que escribimos este artículo, el salario mínimo está por debajo de los 20 dólares mensuales, cuando la canasta alimentaria se ubica por el orden de los 459 dólares, de acuerdo con cifras del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM). Es decir, un venezolano necesita en este momento 25 salarios mínimos para poder costear una canasta alimentaria de 60 productos, algo prácticamente imposible de alcanzar.
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A eso hay que añadir que solo en agosto la moneda se devaluó 30 % y la inflación repuntó 10 puntos, lo cual trajo consigo no solo un mayor desequilibrio macroeconómico, sino también un mayor empobrecimiento para los venezolanos. En cualquier país del mundo, donde la moneda se devalúe 30 % sería motivo suficiente para despedir a todo el tren ministerial encargado del área económica. Más todavía si se toma en cuenta que esto ocurrió en medio de un boom de ingresos de la economía.
La pregunta que surge es: ¿Por qué aumentan los ingresos y no la calidad de vida de los venezolanos? Por una razón muy sencilla: porque estamos en dictadura y no en democracia. Bajo el yugo de un sistema autoritario reina la opacidad, la corrupción, la desinformación y la falta de respuestas a los dramas sociales.
Actualmente, nadie sabe a ciencia cierta de cuánto es el presupuesto nacional, tampoco sabemos a cuánto se está vendiendo el petróleo venezolano, mucho menos sabemos dónde ha ido a parar este inmenso mar de recursos que han ingresado este año. Todo lo que digamos es especulación y dibujo libre. Hay quienes creen incluso que el dinero del petróleo no está entrando al país, sino que se está depositando en cuentas en el exterior. Pero el fondo del asunto es que Nicolás Maduro no le rinde cuentas a nadie, todo se maneja bajo un clima de secretismo y discrecionalidad en el que los venezolanos solo se enteran de lo que el dictador quiere que se enteren. Y peor aún, quien se atreve a pedir explicaciones y cuentas claras, se enfrenta a los riesgos de cárcel, exilio y muerte.
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Lo preocupante es que, así como se dilapidó más de 1 billón de dólares durante el boom petrolero pasado, sin cambiar las condiciones económicas y sociales del país, se está volviendo a dilapidar millones de dólares sin que esto tenga efecto en la vida de los venezolanos. Este es un régimen que se sostiene de la corrupción. Estimaciones señalan que la corrupción les ha robado a los venezolanos en estos 23 años más de 350.000 millones de dólares. Dinero que está en las cuentas en el exterior de una camada de indolentes que hacen caso omiso al sufrimiento de la gente.
En la medida en que se ha incrementado el flujo de recursos del país, se ha ido consolidando la nueva élite económica conectada a la dictadura de Maduro y refrendada bajo el mito de “Venezuela se arregló”. Estos hacedores de la corrupción se han transformado en una columna vertebral de la dictadura venezolana, levantando una economía negra que se asoma a nuestros ojos disfrazada con ostentosos edificios, lujosos restaurantes, magnánimos conciertos y un estilo de vida regido por la opulencia.
Si los números que hemos analizado hablarán, nos conducirían a una conclusión simple y robusta: bajo el régimen de Maduro pareciera que no hay manera de aliviar la crisis económica y social de los venezolanos. Es esta una reflexión muy relevante a la luz de los pasos que se lleven adelante en el campo político. Un alivio de sanciones petroleras no necesariamente se traducirá en un alivio de la presión que existe sobre los estómagos de los venezolanos. Un acuerdo humanitario solamente no va a cambiar el drama que aqueja a las familias que hoy solo ven la migración como la única alternativa para forjar un futuro promisorio. Por eso, se equivocan quienes piensan que con un Maduro manejando más recursos, la migración debería desincentivarse.
Con esto no digo que no atendamos la crisis social, porque lo social y lo político no pueden separarse, son un matrimonio indisoluble. Pero sí creo que se deben crear mecanismos que obliguen a la dictadura a invertir el dinero en el pueblo. No es darle un cheque en blanco a Maduro, es empujarlo a que le dé la cara al país. Es crear candados para que un aumento del flujo de recursos no se convierta en lo que tenemos hoy: una caja de pandora. Es también forzarlo a que abra caminos hacia la democracia. Porque en definitiva no podemos perder de vista que la solución decisiva es un cambio político que traiga de vuelta la prosperidad para el pueblo venezolano.
Pensar en los venezolanos y poner en el centro al ser humano significa también construir un plan que les brinde una respuesta concreta a su situación. Para ello, los políticos debemos canalizar todas nuestras energías en labrar un proyecto que permita recobrar la confianza del pueblo y la comunidad internacional para volver a la presión dentro y fuera del país, con el propósito final de que se celebren elecciones competitivas en el año 2024. Al final de cuenta, la vara con la que el pueblo medirá a esta generación política se reduce a una pregunta concreta: ¿fuimos capaces de sacar a Maduro? Todo lo demás es accesorio.
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