Extraviado en la espesa niebla de El Ávila, el teleférico hacia La Guaira, en el litoral venezolano del Mar Caribe, es un fantasma que se balancea entre el abandono, la corrupción y las promesas. Sin estudio ambiental o de riesgo, entre los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se fraguó un proyecto de recuperación de ese tramo que involucra a las empresas Doppelmayr, Alfamaq y la estatal Venezolana de Teleféricos, señaladas por actos de corrupción e irregularidades por la Contraloría General de la República. Hasta la fecha y sobre informes fraudulentos de las autoridades ambientales se ha pagado más de la mitad del proyecto -que pasó de un trazado de ocho a 39 torres- pero las máquinas ni siquiera han llegado a Venezuela.
Mará Antonieta Segovia / Armando.Info
Los esqueletos abandonados de dos estaciones y 26 torres es lo único que puede verse en la vertiente septentrional del cerro El Ávila después de quince años, durante los cuales tres empresas privadas y dos del estado, cinco ministros, dos fuentes de financiamiento y dos contratos se vincularon al festín financiero de un proyecto inauditable al que se han asignado hasta 650 millones de dólares. Esta obra, prometida una y mil veces, es la concreción del gran sueño caraqueño: el teleférico que conecte a la capital venezolana con la playa, en la costa de La Guaira.
El sueño pospuesto es una herencia de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Su gobierno completó en 200 días y con un costo de 10,5 millones de dólares el Teleférico de Caracas, inaugurado en 1955, que conectó el valle de la ciudad capital venezolana con un punto alto y estratégico del cerro que lo domina, y de allí hasta la estación El Cojo, en Macuto, en plena costa del litoral central. Aquella obra de envergadura que incluyó al icónico Hotel Humboldt -diseñado por el arquitecto Tomás José Sanabria y reciente y repetidamente rescatado del abandono-, luego peregrinó entre períodos de servicio y cierre por falta de mantenimiento y sostenibilidad. Los ánimos desarrollistas de la época no fueron suficientes para mantener el funcionamiento de los tramos y el segundo, hacia la costa, cerró definitivamente en 1970 tras la rotura de uno de los cables.
El presidente Rafael Caldera, en su segundo mandato, privatizó en 1998 el Teleférico Caracas entregándolo a la empresa Inverturca (Inversora Turística Caracas C.A.), que en tres años recuperó el tramo principal desde la capital a la montaña (Maripérez – El Avila) y se encaminó a la rehabilitación del Hotel Humboldt y el tramo Litoral. Pero pronto el gobierno del recién electo presidente Hugo Chávez se afanó en regresar el proyecto al Estado que, bajo la figura de enajenación de bienes públicos, dejó en manos del Ministerio de Turismo la administración del Hotel Humboldt y el Teleférico de Caracas desde julio de 2007. Desde ese momento el teleférico a la playa se convirtió en una promesa eternamente renovada, financiada… y olvidada.
Olga Titina Azuaje era la ministra de Turismo cuando, el 22 de abril del 2008, anunció la intención del gobierno de recuperar la red de teleféricos del Estado, que incluía el de Mérida (el más alto del mundo) y el de Caracas. Mediante el Decreto N° 6.031, se creó la empresa estatal Venezolana de Teleféricos Ventel, C.A., con la que la autodenominada Revolución Bolivariana se dispuso a asumir la administración, procura, diseño y construcción de todos los sistemas de teleféricos. Azuaje anunció la aprobación de un crédito adicional por 107 millones de bolívares para ejecutar la recuperación del tramo Litoral, -unos 50 millones de dólares según la tasa de cambio oficial de ese año-, para recuperar, en 18 meses, el recorrido desde Caracas hasta La Guaira, remontando El Ávila.
Once años después, de aquel anuncio solo reposa en los archivos de la Notaría Pública Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital un papel que deja constancia de las acciones emprendidas por una empresa, la austriaca Doppelmayr, para hacerse de la contratación, bajo la supervisión del Ministerio del Transporte. Se trata de un documento fechado el 12 de diciembre del 2008, en el que Doppelmayr cede a la empresa brasilera Norberto Odebrecht las obras de ingeniería civil del proyecto Sistema Metrocable Warairarepano – Macuto. Hasta esa fecha la única decisión del gobierno de Chávez en torno al Ávila que había logrado cristalizar fue la intervención en su toponimia: le quitó el nombre del conquistador español al que se le asignó una encomienda en la montaña, para devolverle su supuesto nombre indígena, Warairarepano.
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