La ONG Human Right Watch y el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins exigieron a la comunidad internacional entregar urgentemente ayuda humanitaria a Venezuela para que pueda afrontar la pandemia de COVID-19.
Para la organización no gubernamental, el régimen está maquillando las cifras de contagio debido a la escasa disponibilidad de pruebas fiables, la falta de transparencia de la administración e incluso, la persecución contra los profesionales de la salud y los periodistas.
«Estamos ante una situación gravísima. La falta de agua en hospitales ya era un enorme problema para el colapsado sistema de salud venezolano antes de la pandemia. Ahora, los médicos no tienen agua para lavarse las manos, que es una de las medidas básicas para prevenir el contagio», explicó en una videconferencia José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Según las estadísticas oficiales, Venezuela ha registrado 1.121 contagios y 10 muertos.
«Las autoridades, fieles a lo que se hace en dictadura, se preocupan más por ocultar cifras y perseguir a quienes denuncian la realidad en el país, incluyendo médicos y periodistas, que en contener la pandemia. Lo cierto es que no sabemos cuántos casos hay en realidad, pero sí sabemos que en el contexto que documentamos, es imposible que sean los 1.000 casos que sostienen las autoridades», argumentó.
«La vida de muchos venezolanos depende de que el secretario general de la ONU lidere una respuesta humanitaria urgente y a gran escala y de que las democracias preocupadas por Venezuela prioricen presionar a Nicolás Maduro, el principal responsable, para que permita el acceso de esta respuesta humanitaria», demandó.
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Por su parte, la doctora Katheleen Page, profesora de la facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, aseguró que «La imposibilidad de Venezuela para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 podría provocar que más personas intenten huir del país, lo que desbordaría aún más los sistemas de salud de los países vecinos, poniendo en peligro más ampliamente la salud en la región».
El informe de la ONG y la Johns Hopkins reclama que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y el coordinador de socorro de emergencia de Naciones Unidas, Mark Lowcock, asuman el liderazgo de la ayuda humanitaria.
Y también que el Grupo de Lima y los gobiernos de EE. UU. y la Unión Europea ejerzan presión sobre las autoridades venezolanas para que permitan una «respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU», que ayude a prevenir una «propagación catastrófica» de la COVID-19.
«Es crucial que los gobiernos preocupados por al situación venezolana despoliticen la asistencia humanitaria y que el de EE. UU. se asegure de que las sanciones vigentes no agraven la crisis ni obstaculicen los esfuerzos humanitarios», asegura el documento.
En noviembre y diciembre de 2019, un equipo de HRW y de los Centros de Johns Hopkins realizó entrevistas telefónicas a profesionales de la salud en 14 hospitales públicos de Caracas y cinco estados (Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Lara y Zulia). Todos ellos, salvo uno, brindaban atención de alta complejidad.
Las organizaciones también llevaron a cabo entrevistas de seguimiento a algunos profesionales de la salud, y otras a actores humanitarios y expertos en sanciones entre marzo y mayo de 2020.
Las conclusiones de la investigación, que se realizó en parte antes de la pandemia, demuestran que el sistema de salud venezolano es particularmente precario y no tiene las condiciones para lidiar con la COVID-19. Preocupan especialmente que sea habitual la escasez de agua y la falta de saneamiento e higiene. Los acontecimientos en el país en los últimos meses acentúan esta preocupación.
Los profesionales médicos y de enfermería entrevistados dijeron que prácticamente no hay jabón ni desinfectante en sus hospitales. Con el aumento de la inflación y la devaluación de los salarios, cada vez les resulta más difícil llevar su propio instrumental, tales como jeringas o guantes. Es común que los cortes de agua afecten a los hospitales de Caracas.
En otros en zonas remotas, los cortes de agua han durado semanas e, incluso, meses. Los pacientes y el personal de la salud se ven obligados a llevar su propia agua para consumo, para lavarse las manos antes y después de los procedimientos médicos, para limpiar instrumentos quirúrgicos y, a veces, para descargar los inodoros.
En una encuesta a proveedores de servicios de salud sobre la capacidad del sistema sanitario venezolano para hacer frente a la COVID-19, el 31,8 % de los trabajadores de hospitales no contaban con agua potable y el 64,2 % informaron de un acceso intermitente al agua potable entre el 27 de febrero y el 1 de marzo
El 21 de mayo, un dirigente sindical médico informó que un sondeo de 16 hospitales y centros de salud en Caracas reveló que había escasez de agua en 8 de ellos, de guantes en 7, y de jabón y desinfectante en 15.
Según este informe, la enfermedad también podría transmitirse con rapidez en los barrios populares y en las cárceles superpobladas debido a la falta de garantías básicas de salud pública y de acceso a un suministro de agua suficiente.
«Las condiciones de pobreza, hacinamiento habitacional y desnutrición en las que se encuentran muchos venezolanos son el ámbito ideal para que se propaguen enfermedades infecciosas», concluye el trabajo.
La crisis humanitaria, política y económica en Venezuela ha provocado la mayor migración de la región en las últimas décadas. Más de cinco millones de venezolanos se han ido del país, y han llevado consigo enfermedades que habían sido erradicadas en la región, como el sarampión, recuerdan los expertos.
Los sistemas de salud de estados vecinos ya están sobrepasados intentando atender las necesidades de los exiliados venezolanos. Si bien varios miles de ellos recientemente decidieron regresar a su país por las paupérrimas condiciones en que vivían en el exterior, «es improbable que el éxodo se detenga y el brote de coronavirus en Venezuela agravará todavía más la situación», augura el informe.
Además de pedir a la ONU que lidere, bajo la cooperación internacional, una respuesta humanitaria urgente y a gran escala, en este documento se pide que el resto de países presionen a Venezuela para que permita el pleno acceso del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y sus socios, posibiliten que los trabajadores humanitarios locales e internacionales brinden asistencia humanitaria y tengan acceso a todos los hospitales y centros de salud para proveer insumos y asistencia.
También se requiere que se permita a los profesionales de la salud y a los trabajadores humanitarios realizar su trabajo sin represalias y cerciorarse de que puedan desplazarse libremente por toda Venezuela, incluso durante la cuarentena, emitiendo salvoconductos y asegurando que tengan un acceso prioritario a la gasolina.
Asimismo, el informe reclama que se autorice a expertos independientes revisar y publicar toda la información epidemiológica existente para lograr una mayor transparencia sobre la verdadera magnitud de la emergencia humanitaria.
También se hace un ruego directo a EE. UU. para asegurar que nadie será penalizado por financiar o proveer asistencia humanitaria a Venezuela en este periodo de crisis de salud pública, establecer procedimientos para que las empresas y las organizaciones puedan enviar esa ayuda sin controles excesivamente burocráticos ni demoras innecesaria y apoyar activamente un «esfuerzo humanitario robusto» liderado por la ONU en el país.
EFE
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