Una Ventana a la Libertad exhorta y demanda de las autoridades gubernamentales, de las autoridades carcelarias y sanitarias del país, la inmediata atención a la población de privados de libertad, a la que por cierto se le ha restringido las visitas familiares para evitar cualquier contagio del COVID19, una vez que se confirmaron los primeros casos en el país.
Los familiares de los privados de libertad, son losa que corren con la responsabilidad y los gastos de alimentación y medicamentos de los reclusos, pues el Estado y el gobierno venezolano se han olvidado de cumplir con los más elementales y fundamentales derechos humanos de los privados de libertad, por eso Una Ventana a la Libertad exige que el gobierno venezolano atienda con extrema urgencia a esta población carcelaria, de por si vulnerable y expuesta lamentablemente a enfermedades contagiosas, que en el contexto de la propagación del COVID19 en el país, puede padecer mayores complicaciones sanitarias a las que ya sufre desde hace varios años.
La ONG Una Ventana a la libertad desde 1997, promueve y defiende los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en Venezuela a través de la investigación, la creación de propuesta legislativas en materia penitenciaria y la formulación de políticas públicas que vayan en beneficio de la población penitenciaria y sus familiares.
En 22 años, son innumerables los informes y denuncias que UVL ha presentado sobre el colapso del sistema penitenciario venezolano y las graves consecuencias que ello ha causado a la población reclusa del país, a través de un exhaustivo monitoreo de los principales Centros de Detención Preventiva ubicados en los 15 estados en los que UVL tiene presencia a través de sus investigadores.
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En el más reciente informe de 2019, con base en las alertas levantadas, se señala cómo las muertes de reclusos bajo custodia del Estado, son una consecuencia en muchos casos, inevitable. Es el hacinamiento carcelario, la principal causa de la crisis penitenciaria en Venezuela y el compañero constante de todas las otras violaciones de derechos fundamentales de los reclusos, pues constituye uno de los primarios riesgos de salud para la población penitenciaria.
Actualmente, existe una población carcelaria de 19.091 reclusos, distribuida en unos centros de detención preventiva, diseñados para albergar de manera temporal a una población de apenas 6.448 detenidos. Del monitoreo realizado por UVL a 238 calabozos en 15 estados, se desprende un 205 % de hacinamiento. Ello ha propiciado enfermedades infecto- contagiosas en al menos 494 detenidos, es decir, un 44, 8 % de las enfermedades reportadas. A ello se le suman los 224 enfermos de tuberculosis y los 22 reclusos que murieron en el 2019 solo por esta enfermedad.
También en el 2019, UVL reportó la falta de saneamiento en el 93 % de los centros de detención monitoreados, en donde permanecen reclusos con severos cuadros de desnutrición, producto de la desatención gubernamental en proveer de alimentos y medicamentos, a la población penitenciaria.
Una Ventana a la libertad seguirá abogando por los derechos de todos los reclusos de Venezuela, sin distinciones y exclusiones. Con ese mismo criterio de inclusión, reitera su compromiso de seguir siendo voz de los que no la tienen y seguir velando por los derechos humanos de toda la población carcelaria del país.
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