Desde el 14 de marzo están suspendidas las visitas en los centros de detención preventiva por la pandemia de la COVID-19 y los familiares solo van a llevar alimentos, que no saben si llegan completos. El último informe especial de Una Ventana a la Libertad señala que el nuevo coronavirus empeoró la situación de estos recintos: se incrementaron los hechos de corrupción por parte de los funcionarios y de desnutrición en los detenidos.
Seis horas, y hasta más, demora Nelia* en llegar a Caracas para visitar a su hijo preso. Vive en el sector La Peñita de Carayaca, a cuatro horas de La Guaira y a seis de los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta.
Sale a las 5:30 a. m. de su casa y si corre con suerte llega antes del mediodía. Luego le toca hacer la cola para poder entregarle la comida a su hijo de 23 años, y a su yerno, de 24 años, ambos detenidos desde hace nueve meses.
Tiene tres meses sin verlos. Desde que se decretó la cuarentena nacional por los casos de COVID-19 confirmados en Venezuela también se suspendieron las visitas en los centros de detención preventiva y en las cárceles. Hasta este miércoles 10 de junio sumaban 2738 contagios y 23 fallecidos en el país del nuevo coronavirus.
Desde que no están permitidas las visitas en los calabozos de Boleíta, presuntamente, cobran 15 dólares para que puedan entrar los familiares. Madres, esposas o hijas deben pagar a los funcionarios Bs. 3.017.490 (según la tasa del Banco Central de Venezuela al 11 de junio) para poder romper con el decreto del gobierno de Maduro y visitar a los detenidos.
Este tipo de prácticas no son nuevas y menos en los calabozos de la PNB en Boleíta. Los afectados han denunciado a Crónica.Uno que, supuestamente, deben pagar por distintos privilegios para los detenidos, como cigarrillos, colchonetas, jugos y hasta el ingreso de niños con acompañantes a la visita. Antes de la cuarentena por COVID-19 en los días de visita se hace una cola aparte, llamada VIP por los familiares, en la que se paga para pasar antes que los demás.
Familiares viajan desde con ropa, agua y comida para entregarle a los detenidos. Foto: Tairy Gamboa
En el informe especial de los 50 días de cuarentena de Una Ventana a la Libertad, hecho entre el 14 de marzo y el 4 de mayo en 15 estados de Venezuela, se detalló que la suspensión de visitas se prestó para que incrementara la corrupción policial porque se cobra para pasar la comida o para entrar como visitante.
También aumentó la desnutrición, hay parientes que no tienen certeza de que la comida llegue completa a los detenidos o no pueden trasladarse al no tener dinero o la posibilidad de conseguir transporte. “La COVID-19 simplemente aumenta las urgencias”, dice el informe.
El 1° de mayo hubo una masacre en el Centro Penitenciario de Los Llanos, en Guanare, en la que fueron asesinados 47 reclusos y 67 resultaron heridos. Una versión extraoficial, publicada por Una Ventana a la Libertad, aseguró que el motín fue originado por una protesta de la población penal porque supuestamente los funcionarios de la guardia no les pasaban la comida completa.
Testimonios publicados por la ONG indican que los familiares dejaban en la entrada la comida y no sabían si llegaba completa, asumiendo que los funcionarios se quedaban con una parte.
El Ministerio Público del gobierno de Nicolás Maduro desestimó la versión de los afectados y aseguró que el suceso ocurrió porque uno de los pranes (líderes negativos del penal) estaba en la calle.
Por la cuarentena a Nelia se le ha hecho aún más difícil conseguir transporte para Caracas e ir a llevarle comida a sus hijos porque, para ella, su yerno también es su hijo. El trabajo le ha resultado cuesta arriba, vive de la siembra que tiene en el conuco de su casa y de los bonos que deposita el gobierno de Nicolás Maduro. No es suficiente.
A veces uno no tiene ni para comer en la casa y hay que llevarle a ellos. Rara vez le podemos llevar salado, un poquitico de sardinas o un muslito de pollo, rara vez. A mi nietecita de dos años le damos pura crema de arroz, me da hasta pena decirte”.
En una de las últimas visitas les llevó apio, arroz y aguacate. Tenía una semana sin visitarlos porque le dolía la pierna debido a un accidente que tuvo en moto hace tres meses.
“La pierna se me hincha mucho y a veces me duele para caminar, pero igual así hago porque mi hija no puede ir a llevarles comida porque tiene dos hijos pequeñitos. Solo voy yo y si no les llevo, no comen nada”, dijo.
Ha subido a Caracas sin dinero para el pasaje, le pide el favor a los conductores o pide cola. Para no regresar a su casa se queda a dormir donde otros familiares de los detenidos o de conocidos para ahorrar dinero.
Hacinamiento y COVID-19
El informe especial de la cuarentena elaborado por Una Ventana a la Libertad resaltó que en los calabozos investigados no existió, en 50 días, un protocolo adecuado de prevención contra la COVID-19. Una limpieza y una desinfección no es suficiente.
El hacinamiento aumenta el riesgo de propagación de enfermedades respiratorias, principalmente de tuberculosis, una de las más comunes entre los detenidos. En 2019 documentaron 224 contagiados y solo en el estado Lara murieron ocho presos en cárceles.
Además de las malas condiciones sanitarias que prevalecen en estos centros como falta de agua potable, implementos de limpieza y otros insumos necesarios para la higiene personal. Los funcionarios tampoco toman las medidas adecuadas contra el nuevo coronavirus.
Al finalizar 2019 había 19.091 personas detenidas en estos centros, pero su capacidad era para 6448. Estos datos de Una Ventana a la Libertad pertenecen a 238 calabozos en 15 estados del país. El gobierno de Nicolás Maduro admitió que había sobrepoblación cuando pusieron en marcha el plan de descongestión en octubre del año pasado; desde ese mes hasta el 20 de febrero habían trasladado a 140 detenidos a cárceles.
Nelia y todos los familiares que tienen detenidos en la PNB de Boleíta llevan a diario, o cuando pueden, envases con agua para que ellos se bañen. Ahí no hay agua. Para evitar cargar con ese peso, más el de la comida y el agua potable, llenan esos potes en una construcción cercana y recientemente se ha puesto un señor en las adyacencias. A cambio del agua le dan una colaboración.
Los centros de detención preventiva, como el de Boleíta, fueron diseñados para albergar a los detenidos por un máximo de 72 horas. En la actualidad es uno de los más hacinados de la capital, con aproximadamente 1000 presos y con espacio para 300 personas. Una Ventana a la Libertad ha documentado que hay reclusos hasta con cinco años en ese lugar.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario excarceló a 404 reclusos, como parte de las medidas de descongestión durante los primeros días de la cuarentena, según el informe. En distintas ocasiones la ministra Iris Varela ha expresado que los centros de detención preventiva no son su responsabilidad.
Según la investigación de la ONG, solo en dos calabozos dieron charlas de prevención de la COVID-19 y solo dotaron de mascarillas y gel antibacterial una sola vez a los centros de detención de Caracas; en dos calabozos de Falcón y uno en Zulia reportaron que los funcionarios usaban tapabocas.
Rupert Colville, portavoz de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), hizo un llamado a los Estados a tomar las medidas necesarias para evitar los contagios de COVID-19, garantizando las medidas sanitarias, acceso generalizado a las pruebas y acceso a asistencia sanitaria para los detenidos.
En declaraciones el 5 de mayo pidió garantizar un nivel mínimo de contactos personales con miembros de la familia y el acceso adecuado a los alimentos y el agua potable, así como el suministro de información regular y transparente sobre el impacto de la enfermedad en los prisioneros y el personal.
Denuncias de los afectados y de defensores de los derechos humanos de los privados de libertad aseguran que en los calabozos además de tuberculosis hay enfermedades de la piel y estomacales. Hay detenidos con enfermedades crónicas que tampoco reciben tratamiento.
Más retardo procesal
Lorena* cumplió tres meses sin ver a su hijo tras el decreto de estado de emergencia el 12 de marzo. El muchacho está preso en los calabozos de la PNB de El Valle. Tenía un mes esperando boleta de excarcelación pero todo se detuvo.
Hace tres semanas Lorena llevó una documentación para que se retome el proceso jurídico de su hijo, de 32 años de edad, pero todo quedó en veremos. Ella no tiene carnet ni salvoconducto y no puede abordar el ferrocarril desde los Valles del Tuy (Miranda) hacia Caracas. Su esposo tampoco, pero logró viajar a Caracas un día para llevarle comida a su hijo.
Mi hijo tiene un año y medio detenido. En la audiencia de presentación le dijeron que asumiera los cargos y quedaba en libertad, pero eso no ha pasado. Ahora con la pandemia todo se puso más difícil y desde hace un mes estamos esperando la boleta de excarcelación”.
Los funcionarios de la PNB de El Valle presuntamente le pidieron 100.000 bolívares en efectivo a los familiares para entrar a ver a los detenidos durante 20 minutos, de acuerdo con las denuncias que recibió Una Ventana a la Libertad y publicó en el informe de los 50 días de cuarentena. Antes de la pandemia pagaban 40.000 para poder entrar. El tema ya es costumbre.
Lorena es de la tercera edad, al igual que su esposo. Ambos son costureros y trabajan desde su casa, pero sus labores se han detenido por la cuarentena. Prácticamente han vivido de la caridad de los vecinos y porque les han fiado la caja de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Sufre cuando no puede llevarle comida a su hijo, quien ha llamado llorando porque pasa dos días sin probar bocado. La solución que han encontrado con la pandemia es llevarle comida cruda para varios días, allá cocinan.
Familiares consultados por Crónica.Uno aseguraron que la cuarentena ha empeorado la situación de los privados de libertad, así como la de ellos mismos. Ante la escasez de gasolina que se registró por casi tres meses había pocas unidades de transporte y les costaba mucho más trasladarse hasta las comisarías a llevar comida, agua y ropa limpia para los detenidos.
La situación también ha golpeado sus bolsillos porque no han podido trabajar y, por lo tanto, les cuesta comprar comida para comer ellos y el pariente detenido. Pidieron al Estado que agilice los procesos judiciales.
Solo le pido a las autoridades que todo se normalice para que mi hijo pueda salir en libertad, porque está preso injustamente. Nadie sabe lo doloroso que es tener a un ser querido preso y no tener cómo mantenerlo”, dijo Lorena.
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