El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció este jueves mediante un comunicado que «no se produjeron cambios significativos» en la situación de Derechos Humanos en Venezuela.
En ese contexto, advirtieron que «no se tomaron medidas o acciones creíbles«. «Durante el año no se produjeron cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Venezuela«, expresaron.
«Los representantes de Nicolás Maduro Moros no tomaron medidas o acciones creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos«, agregaron.
COMUNICADO ÍNTEGRO:
Entre los principales problemas de derechos humanos figuraban informes creíbles sobre: homicidios ilegítimos o arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a manos de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos o detenciones arbitrarios a manos de las fuerzas de seguridad; problemas graves con la independencia del poder judicial; presos o detenidos políticos; injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada; castigos a familiares por presuntos delitos cometidos por un pariente; reclutamiento ilegal o utilización de niños por grupos armados ilegales; graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, como violencia o amenazas de violencia contra periodistas, detenciones o procesamientos injustificados de periodistas, censura y aplicación o amenaza de aplicación de leyes penales por difamación para limitar la expresión; graves restricciones a la libertad en Internet; injerencias sustanciales en la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidas leyes excesivamente restrictivas sobre la organización, financiación o funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil; restricciones a la libertad de circulación y a la posibilidad de salir del país; incapacidad de los ciudadanos para cambiar pacíficamente su gobierno mediante elecciones libres y justas; restricciones graves e irrazonables a la participación política; corrupción grave del gobierno; restricciones graves del gobierno a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos u hostigamiento de las mismas; violencia de género generalizada, incluida la violencia doméstica o de pareja, la violencia sexual, la violencia en el lugar de trabajo, el feminicidio y otras formas de este tipo de violencia; obstáculos significativos al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra pueblos indígenas como los Yanomami; trata de personas; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer o intersexuales; prohibición de sindicatos independientes o restricciones significativas o sistemáticas a la libertad de asociación de los trabajadores, como violencia y amenazas contra activistas laborales; y las peores formas de trabajo infantil.
Los representantes de Nicolás Maduro Moros no tomaron medidas o acciones creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos.
Se recibieron informes de grupos armados no estatales y bandas delictivas implicados en actos de violencia, trata de personas, reclutamiento de menores, explotación de comunidades indígenas y abusos sexuales.
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