Jennifer Robinson, abogada del fundador de WikiLeaks Julian Assange, pidió este miércoles en Santiago al presidente chileno, Gabriel Boric, que interceda por el periodista australiano para que «Estados Unidos ponga fin al caso», a pocos días de que se retome en Londres su proceso de extradición.
EFE
«Por cuestión de principios y por la libertad de expresión, esperamos que el presidente Boric se reúna con nosotros y apoye a Julian Assange», dijo Robinson, quien participó en un conservatorio sobre el caso organizado por la ONG latinoamericana Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), en la Biblioteca Nacional de la capital chilena.
El Tribunal Superior de Londres informó en abril que proseguirá el próximo 20 de mayo con el proceso de extradición de Assange, después de que Estados Unidos presentase la información que se le requirió en forma de garantías sobre el tratamiento del periodista en ese país.
Washington reclama al fundador de WikiLeaks por 18 delitos de espionaje, intrusión informática y difusión de material clasificado, en buena parte relacionado con las acciones de fuerzas estadounidenses en las guerras de Iraq y Afganistán.
«El caso de Julian Assange amplifica la persecución de los periodistas por todo el mundo. Desde que Assange comenzó este viaje de persecución, nos hemos dado cuenta que los Gobiernos no dudan ni un segundo en confiscar ordenadores y tomar medidas legales contra los periodistas», denunció en el mismo acto el editor jefe del portal WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson.
Assange fue detenido por primera vez en 2010 a petición de Suecia por un caso que quedó archivado y luego, en 2012, se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres.
La Policía británica lo arrestó en 2019, una vez que ese país le retiró su estatus de asilo, y desde entonces está detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres, a la espera de que se resuelva su extradición.
Por primera vez, el presidente estadounidense, Joe Biden, reconoció en público el pasado 10 de abril que «está considerando» la petición que lleva haciendo durante meses el primer ministro australiano, Anthony Albanese, para que se cierre el caso contra Assange.
El director de la ONG regional Derechos Humanos Sin Fronteras, Juan Carlos Morago, declaró a EFE que el caso Assange «es una injusticia tremenda y una consumación de una violación de los derechos humanos».
A la petición de la abogada de Assange se suma la realizada este mismo miércoles por un grupo de diputados oficialistas, que pidieron en una carta al presidente Boric que «se adhiera a la solicitud de libertad de Julian Assange», al igual que algunos de sus pares latinoamericanos, como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro o el mexicano Andrés López Obrador.
«El próximo 20 de mayo, está fijada la audiencia dónde se decidirá su extradición a Estados Unidos, lo que, de hacerse efectivo, significa ser trasladado al Estado de Virginia donde arriesga 175 años de prisión o pena muerte», recordaron los parlamentarios chilenos.
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