El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, prorrogó este jueves por 30 días el estado de excepción a escala nacional que se encuentra en vigor desde el pasado enero por “grave conmoción” y “conflicto armado interno” decretado ante al espiral de violencia que sacudió al país a comienzo de año.
Por Infobae
“La declaratoria de estado de excepción se mantiene en todo el territorio ecuatoriano para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica”, indicó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado, tras la firma del decreto por parte del mandatario.
El estado de excepción, con el que el Gobierno pasó a considerar a las bandas del crimen organizado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía, especialmente en la militarización de las cárceles, dominadas muchas de ellas por las bandas criminales, y que fueron declaradas como “zonas de seguridad”.
También implica la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de libertad de reunión, así como la libertad de tránsito durante las noches mediante un toque de queda y la inviolabilidad de la correspondencia en el caso de los presos. También declara a las cárceles como “zonas de seguridad”.
La extensión de la medida prorroga la aplicación de un sistema de “semaforización” para el toque de queda nocturno, dependiendo de los niveles de inseguridad en cada municipio o provincia.
El documento aplicó además las consideraciones emitidas por la Corte Constitucional de Ecuador en su dictamen en el que declaró como constitucional la declaración de este estado de excepción.
Asimismo, en el decreto se recordó que los servidores públicos “serán responsables de cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción”, después de que hayan surgido varias denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden.
Durante los primeros sesenta días del estado de excepción se han abatido a una docena de presuntos delincuentes catalogados como “terroristas” por el Gobierno, mientras que tres policías han fallecido presuntamente a manos de estas bandas.
También se han practicado más de 11.000 detenciones y se han incautado más de 64 toneladas de drogas, así como más de 3.300 armas de fuego, cerca de 4.500 armas blancas y más de 24.000 explosivos.
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