La Procuraduría General de la Nación formuló cargos y suspendió al canciller Álvaro Leyva por tres meses. La entidad, también tomó la decisión de archivar la investigación en contra del secretario general José Salazar.
Por La W
Esto dentro del proceso por la licitación de pasaportes que se llevó a cabo con Thomas Greg y las presuntas irregularidades que denunció el ente de control.
Por lo que el Ministerio Público apartó al canciller Leyva del cargo mientras se adelanta el proceso en su contra, lo que implica que no podrá seguir participando en la nueva contratación de pasaportes que realice el país.
Recordemos que la Procuraduría intentó conciliar entre ambas partes, el canciller Álvaro Leyva y Thomas Greg; sin embargo el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió no aceptar las pretensiones del contratista, que recordemos eran las siguientes:
Propuestas de Thomas Greg:
Como fórmula conciliatoria, retirar como pretensión la suma de $10.000 millones de indemnización por consecuencia de los perjuicios y el daño reputacional, siempre y cuando que la Cancillería y su fondo rotatorio acceden a revocar el acto administrativo que declaró desierta la licitación de pasaportes y permiten la ejecución del contrato por la Unión temporal como único oferente con puntaje favorable.
En dicha fórmula, además, la multinacional propuso otras variables que, cuantificadas sumarían $3.710 millones de pesos a favor de la Cancillería, distribuidos de la siguiente manera: un grupo de bienes de activos que a la fecha se encuentran en comodato y que tendrían que ser retornados por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Unión Temporal, consecuencia de la ejecución y cumplimiento de obligaciones del contrato al declararlo desierto, por una suma de $12.388.404.
Otra variable pretende otorgar un mes de servicio de formalización sin costo alguno; es decir si se autoriza la ejecución del contrato se entregaría un mes del servicio: De acuerdo con Thomas Greg, “el promedio de formalizaciones que se hacen por mes es de 45 mil, y cada una está tasada en $7.973 pesos, lo que sumaría $358.785.000 pesos”.
Dentro de la propuesta también se incluye habilitar de manera permanente la planta de contingencia ubicada en Miami, ofrecimiento que se da por la alta demanda de pasaportes que existe en Estados Unidos. Permitir la operación de dicha planta tiene un costo de $3.000 millones de pesos. Por último, para que la Cancillería pueda tener una mayor disposición de documentos de identificación de los ciudadanos colombianos en el exterior, ofrecen 5000 libretas adicionales a las pactadas en el contrato, por $339.175.000.
Cuando se reunieron en el Ministerio Público ambos representantes legales, tampoco se logró llegar a ningún acuerdo y la Procuradora Judicial 119 Fernanda García, explicó que la Cancillería no llegó a ningún acuerdo bajo la vocería de su nuevo apoderado Ernesto Matallana:
“No, la contra propuesta, básicamente el Gobierno se pronuncia en el sentido de expresar la intención de revocar los actos administrativos, no obstante hubo un requerimiento por parte de la Procuraduría en cuanto a tiempo, modo, lugar en que se iría a cumplir ese acuerdo y respecto de eso pues lastimosamente no no hubo un acuerdo entre las partes”, señaló la procuradora judicial.
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