La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 10 opositores y críticos con el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, entre ellos un periodista y un catedrático que se encuentran privados de libertad, informó este jueves la Unidad de Defensa Jurídica (UDC).
EFE
Los beneficiados son el periodista Víctor Ticay, detenido el Jueves Santo de 2023 tras cubrir una procesión católica en el suroeste de Nicaragua y condenado a 8 años de prisión por el delito de propagación de noticias falsas y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, y el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada, muy crítico con el Gobierno de Daniel Ortega.
La lista de beneficiados incluye a Olesia Muñoz Pavón, que pertenece al coro de una parroquia del municipio de Niquinohomo, sur de Nicaragua, y que fue condenada a 10 años por delitos considerados traición a la patria; así como a Jacquelina Rodríguez, Anielka García y Melba Hernández.
Los otros cuatro beneficiados con las medidas cautelares son Kevin Castillo Prado, Sergio Castiblanco, una persona con iniciales JECW, y Abdul Montoya Vivas y su núcleo familiar.
Según la UDC, la CIDH otorgó medidas cautelares a los 10 privados de libertad «tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua».
Los beneficiados fueron encarcelados «en un contexto de persecución y criminalización contra personas opositoras y críticas del Gobierno», indicó ese organismo, integrado por abogados nicaragüenses que defienden a los denominados presos políticos.
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Estado de Nicaragua no dio información
Al respecto, la CIDH solicitó información al Estado de Nicaragua en los términos del artículo 25 de su reglamento, sin recibir respuesta.
Con base en ese mismo artículo, ese ente autónomo de la OEA solicitó al Estado de Nicaragua adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias, y asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia.
Entre ellos mencionó que se les garantice que no sean objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o agresiones dentro de los centros penitenciarios; acceso a atención médica adecuada y especializada, y se realice inmediatamente una valoración médica especializada sobre su situación de salud.
Además, que se les garantice el contacto regular y acceso con sus familiares y abogados, y que se evalúe la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la privación de la libertad dada la imposibilidad de proteger sus derechos a la luz de las actuales condiciones de detención.
Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021 en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
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