A partir del domingo 19 de noviembre, Nicaragua dejará de ser miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), una acción que se hace efectiva a dos años de que Daniel Ortega decidió retirar al país del organismo.
Por Voz de América
Ahora, Estados Unidos y sus socios anticipan «continuar evaluando todas las herramientas» para instar al gobierno nicaragüense a «cumplir sus obligaciones».
En entrevista con la Voz de América, Eric Jacobstein, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, que cubre América Central, Cuba y la migración regional, del Departamento de Estado, aseguró que EEUU -junto a una coalición de países de la OEA- siguen evaluando cómo pueden «trabajar para presionar a Nicaragua a que cese la represión y restituya la democracia».
En 2021, el canciller de Nicaragua, Dennis Moncada, señaló a la OEA como «un foro político para actuar como instrumento de injerencia e intervención de los Estados Unidos”.
«La decisión de Nicaragua es una movida fragante para socavar los esfuerzos de la OEA de demandar la rendición de cuentas por parte del régimen por sus continuos abusos a los derechos humanos», dijo Jacobstein a la VOA.
Entre los abusos mencionados por el funcionario se encuentran condenas y maltratos a presos políticos, ataques al periodismo independiente y a grupos religiosos, y el cierre de cientos de organizaciones de la sociedad civil.
«Seguiremos evaluando cómo podemos trabajar con la amplia coalición de países dentro de la OEA para presionar a Nicaragua que cese la represión y restituya la democracia», apuntó Jacobstein.
El jueves, como parte de las medidas «adicionales» para abordar la situación de Nicaragua, el presidente Joe Biden extendió por un año más el decreto que considera a Nicaragua como «una amenaza inusual y extraordinaria» a su seguridad nacional.
Jacobstein dijo a la VOA que esta extensión «deja claro que los gobiernos que niegan a sus pueblos los derechos humanos o amenazan los intereses de seguridad de sus vecinos no deben esperar que sus relaciones políticas, económicas y comerciales no se vean afectadas».
Aunque explicó que esta declaración «no incluye una designación específica», sí le da a EEUU «autoridad para continuar haciendo estas designaciones» que «siguen estando sobre la mesa».
«Definitivamente continuaremos responsabilizando a las personas por violaciones de derechos humanos en Nicaragua», agregó.
Al preguntársele sobre las posibles concesiones que debería hacer Nicaragua para considerar una remoción de las sanciones ya impuestas, como las restricciones de visado a cientos de funcionarios, Jacobstein detalló que el gobierno de ese país debe «cumplir con sus compromisos con el pueblo».
Entre ellos, mencionó, hacer una reforma electoral «significativa» que permita las elecciones «libres y justas»; además apuntó que la perspectiva estadounidense es «que el régimen continúa aislándose al suprimir la democracia, al no respetar los derechos humanos de los nicaragüenses y profundizar su colaboración con gobiernos autoritarios como Rusia».
«No voy a prescribir cuáles son las fórmulas exactas, pero ciertamente se deben tomar medidas con respecto a la democracia, los derechos humanos y también con respecto a la preocupante relación entre el régimen de Ortega y Rusia», agregó.
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