Por medio de la cuenta de X (antes Twitter) del medio chavista La Tabla, se conoció que acusan al diputado chavista Lisandro José Cabello, de interferir en investigación de corrupción en Carbozulia, que salpica a primo de Tareck El Aisami.
El pasado 11 de julio del presente año, la Fiscalía de Venezuela, inició la investigación de las denuncias de casos de corrupción en Carbozulia.
El abogado y empresario Juan Pablo Montiel Almeida consignó nuevos elementos el pasado 26 de junio, ante el Ministerio Público, que investigará presuntos hechos de corrupción del expresidente de la empresa estatal Carbones del Zulia (Carbozulia), según indagatorias iniciadas en 2021.
#Tablazo Diputado de Zulia en la Asamblea Nacional, electo en listas del #PSUV, utiliza su investidura para disuadir a organismos de investigación penal, designados por tribunal de control, de realizar averiguaciones a una compañía por ilícitos millonarios en Carbozulia. pic.twitter.com/CdfVrO2WNz
— La Tabla (@latablablog) October 2, 2023
Según La Tabla, Lisandro José Cabello, en dos oportunidades, interfirió con diligencias que realizaban (por mandato judicial) funcionarios de CICPC y DGCIM en investigación sobre corrupción en la contratación de Operaciones Mineras y Servicios Lacustres, C.A en Carbozulia.
«El expediente cursa en el Juzgado 7mo de 1era. Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que acordó solicitud de Auxilio Judicial con la finalidad de recabar los elementos probatorios contra la compañía en referencia».
El delito tipificado es Daños a la Propiedad (Art. 473 del CPV) y se investiga a directivos de la compañía ya mencionada: Angelo E. Candian R., Brahim Y. Elmaaz B. (primo del ex-ministro Tareck El Aisami), Belis A. Castellano A., Rayniel A. Castellano A., y Francisco A. Maya M.
La Tabla, indicó que «Todos ellos involucrados en pérdidas (50 millones de $$) causadas a la Nación por contratos con sobreprecio Carbozulia. El mencionado diputado, además de interferir en las investigaciones, actuó como abogado de los mencionados, aunque su rol en la AN es de “dedicación exclusiva”.
Lisandro José Cabello, con sus asistentes plenamente identificados, interfiere la averiguación tutelada por el Tribunal 7° de Control, disuadiendo a los funcionarios de investigación penal, tal como se puede confirmar en documentos oficiales obtenidos en exclusiva por La Tabla.
El delito tipificado es Daños a la Propiedad (Art. 473 del CPV) y se investiga a directivos de la compañía ya mencionada: Angelo E. Candian R., Brahim Y. Elmaaz B. (primo del ex-ministro Tareck El Aisami), Belis A. Castellano A., Rayniel A. Castellano A., y Francisco A. Maya M.
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Lisandro José Cabello, con sus asistentes plenamente identificados, interfiere la averiguación tutelada por el Tribunal 7° de Control, disuadiendo a los funcionarios de investigación penal, tal como se puede confirmar en documentos oficiales obtenidos en exclusiva por LaTabla.
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La investigación está basada en los elementos aportados por Montiel Almeida, contenidos en un documento donde se solicita especificar el papel jugado por el presidente de Carbozulia, Francisco Javier Aguilera Castro, quien fue removido del cargo el pasado 15 de marzo.
El documento de denuncia refiere que Aguilera Castro presuntamente suscribió contratos “para la explotación de la actividad carbonífera en el Zulia, con empresas inexistentes jurídicamente”.
Una de esas empresas está denominada como Operaciones Mineras y Servicios Lacustres C.A. la cual facturó, desde el año 2018, 11 millones de dólares “sin que ello representara beneficio alguno para el Estado”.
El denunciante refiere que las maquinarias empleadas por Operaciones Mineras no son de su propiedad, pero simuló tal cualidad. Pese a ello, cobró al Estado mensualmente 45.000 $ por equipos que no llegaban a prestar servicios en la explotación del carbón.
Montiel Almeida sostiene que el expresidente de Carbozulia estaría presuntamente incurso en los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, concierto para la celebración de contratos, corrupción propia agravada y enriquecimiento ilícito.
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