La Fiscalía de Guatemala solicitó este miércoles por tercera vez que se retire la inmunidad de la que gozan los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que puedan ser investigados.
El Ministerio Público apuntó contra cinco funcionarios titulares y cuatro suplentes, a los que acusa de supuestas anomalías en torno a la adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP) que se utilizó en los comicios electorales de este año y cuyos resultados se niegan a aceptar.
Según precisa la denuncia presentada, al suscribir el contrato no se realizó una supervisión independiente del software, ya que la misma empresa vendedora fue la que designó a un empleado para dichas acciones. Esto resultó en una “usurpación de las funciones públicas (del TSE), como lo son la sumatoria y transmisión de votos” porque, según establece la ley guatemalteca, solo las Juntas Receptoras de Votos pueden contar los sufragios.
Esta acción “es ilegal porque existe un conflicto de intereses porque no se puede tener una supervisión por una entidad que el mismo proveedor recomienda”, dijeron.
A la par, el ente oficialista acusó a los magistrados de cometer fraude contra el Estado luego de que adjudicaran la compra a una empresa que hizo una oferta por un valor más elevado que otra. Sostienen que la diferencia fue de unos USD 4.5 millones.
La denuncia de este miércoles, que no indica quién la presentó, se realiza en seguimiento a la presentada el pasado 29 de junio. Entonces, ya se acusaba al pleno del TSE por “abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes” y se incluía, a su vez, al departamento informático de la entidad.
El Tribunal respondió a estas acciones legales explicando que el sistema de cómputo es una herramienta alterna al proceso electoral. Luego de que las juntas receptoras cuentan sus votos, se emiten actas que se comparten con digitadores. Entonces, los datos se ingresan en el sistema, se verifican en dos oportunidades y recién entonces se publican.
Además, aclararon que los datos son preliminares ya que los resultados finales sólo pueden ser oficializados por el TSE.
De todas formas, esta acción es una de las tantas con las que la Fiscalía ha intentado, en los últimos meses, sabotear la campaña electoral de Bernardo Arévalo y, una vez lograda su victoria el 20 de agosto, impedir el traspaso presidencial.
A raíz de estos episodios, el propio líder del Movimiento Semilla denunció y pidió la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a quien acusa de orquestar un intento de “golpe de Estado”, de cara al 14 de enero de 2024.
“Estamos llevando a cabo las acciones legales necesarias para que finalmente los órganos jurisdiccionales terminen por desechar estas acciones ilegales que son cada vez más absurdas, más violentas”, sostuvo en diálogo con Infobae.
Porras está sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos por obstruir la lucha contra la corrupción y socavar la democracia.
También, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió al Ministerio Público que “deje de perseguir a Arévalo de León y su partido” ya que la investigación “carece de claridad” y tiene claros fines políticos.
Inclusive, Almagro viajó al país centroamericano y mantuvo reuniones con el presidente Alejandro Giammattei y el gabinete entrante para coordinar y garantizar el traspaso de mando en un marco pacífico y democrático.
(Con información de AP, AFP y EFE)
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