Este martes, se conoció que fueron condenados a 16 años de cárcel a seis activistas venezolanos Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Emilio Negrín por “conspiración y asociación para delinquir”.
Ante esto, la ONG Provea, manifestó su rechazo a dicha condena y la calificó de «brutal»; “El sistema de justicia está viciado”.
Por medio de su cuenta de Twitter, Provea sentenció, «Rechazamos la brutal condena de 16 años contra los trabajadores: Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes.».
«Una condena arbitraria de “conspiración” por presuntas capturas de WhatsApp. El único testigo de la denuncia nunca se presentó en 1 año y 2 meses».
Igualmente, Provea detalló que «Los luchadores sociales se mantenían en las calles por la exigencia de salarios dignos en Venezuela y contra la ONAPRE. Este es un nuevo golpe a la protesta social y sus derechos fundamentales. #LiberenALosLuchadores».
Rechazamos la brutal condena de 16 años contra los trabajadores: Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes.
El sistema de justicia de Venezuela está viciado @IntlCrimCourt
Una condena arbitraria de “conspiración” por… pic.twitter.com/5uFL8FD7cn
— PROVEA (@_Provea) August 1, 2023
A pesar que la defensa y las organizaciones afirman que no hay elementos probatorios en contra de los seis detenidos, el Tribunal Cuarto de Control con competencia en terrorismo declaró con lugar la solicitud de privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público contra el trabajador humanitario Gabriel Blanco, los activista Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortez y el sindicalista Emilio Negrín.
Los seis fueron detenidos entre el lunes 4 y jueves 7 de julio del año pasado, en lo que la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) calificó de una ola represiva que incluyó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento.
El Ministerio Público los imputó por los supuestos delitos de asociación para delinquir y conspiración, según denunció el partido político opositor Bandera Roja.
De los detenidos, cuatro son miembros del partido político Bandera Roja (BR), cuyos líderes denuncian que durante las detenciones de sus militantes se ha violado el debido proceso y no hay pruebas de los que se les imputa.
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