Ocho altos mandos de Estados Unidos tomaron el escenario de forma repentina. Estaban la directora de la Agencia del Control de Drogas (DEA), jefes del FBI, autoridades migratorias y el fiscal general de la Administración de Joe Biden, entre otros. En cuestión de minutos, se iba a anunciar la mayor ofensiva judicial contra el cartel de Sinaloa de los últimos años.
Por El País
Tras la condena a cadena perpetua contra Joaquín El Chapo Guzmán en 2019, las autoridades tenían en la mira a los herederos de su imperio criminal. Cuatro hijos del capo —Alfredo, Iván Archivaldo, Joaquín y Ovidio Guzmán— y 24 colaboradores fueron acusados de una extensa batería de cargos como delincuencia organizada, narcotráfico, portación ilegal de armas y lavado de dinero. En el camino se les señalaba como parte de una red de asesinatos, torturas y crimen trasnacional que daba la vuelta al mundo.
Los tres casos que se diseñaron para asestar un golpe devastador a Los Chapitos se dieron a conocer apenas la semana pasada, pero documentos judiciales conseguidos por EL PAÍS apuntan a que la cacería se remonta a 2008 y que se fraguó tras la sombra de familiares, antiguos socios y viejos delatores. Las investigaciones que hundieron a El Chapo están más vivas que nunca y son ahora el arma principal de los fiscales contra sus sucesores.
“Las acusaciones ofrecen la revisión más completa que se ha hecho sobre las operaciones del cartel de Sinaloa en los últimos 15 años”, se lee en el comunicado del Departamento de Justicia. La cruzada de Estados Unidos contra Los Chapitos está apuntalada sobre al menos cinco casos criminales ante las cortes del Distrito Norte de Illinois (en la zona metropolitana de Chicago), el Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) y el Distrito de Columbia (Washington D.C.).
Más de 130 páginas de documentos judiciales salieron a la luz y detallaron cómo los miembros del cartel daban de comer a los tigres con sus enemigos, montaron laboratorios clandestinos para traficar con fentanilo, crearon un corredor panamericano de tráfico de drogas desde Perú hasta EE UU y tejieron alianzas en Asia que se pagaban con criptomonedas y sin dejar rastro. Todo, mientras agentes de la DEA se infiltraron durante un año y medio en las tripas del grupo criminal. La inyección de sangre nueva en la organización estaba decidida a revolucionar el negocio. Los fundadores, Ismael El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán, se iniciaron décadas atrás con el negocio de la marihuana y la cocaína. Sus hijos pensaban desde 2014 en el fentanilo, la droga que una década más tarde está en el centro de la guerra contra el narco y de una profunda crisis de salud pública que provoca decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en terreno estadounidense.
. La inmensa mayoría de la información permanece clasificada. Pero hay una excepción. La acusación en Illinois, determinante durante el juicio de El Chapo en Nueva York, data de 2009 y tiene más de 950 documentos en su expediente: entre órdenes de arresto, acuerdos de culpabilidad, negociaciones para facilitar las delaciones y sentencias que sellaron el futuro de otros acusados. Los fiscales apuntaron primero a lo más alto del cartel de Sinaloa y se lanzaron contra Guzmán y El Mayo Zambada, que sigue prófugo y por el que se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares.
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