El autodenominado «gobierno obrero» de Nicolás Maduro dejó en el limbo a decenas de trabajadores de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), a los que le dijeron «no vuelvan después de Semana Santa, cualquier cosa los llamamos». La purga anticorrupción que ejecuta el Estado «se llevó por los cachos» la estabilidad laboral de los empleados, aun cuando -afirmaron- la mayoría desconocía sobre la corruptela de los funcionarios que dirigían el organismo.
Un extrabajador de la Sunacrip, que fue creada el 9 de abril de 2018 y que se encargaba de dar soporte al desarrollo del petro como moneda digital, detalló a TalCual que el lunes 3 de abril en horas de la tarde, desde el departamento de Gestión Humana ordenaron a los coordinadores y asistentes del ente a poner sus cargos a disposición. Ese mismo día, en la noche, la misma instrucción fue dada al resto del personal quienes también tuvieron que entregar una carta el 4 de abril para poner sus cargos a la orden.
«Decían que no era una renuncia, sino solo la entrega del cargo. Sin embargo, el 4 de abril, después de entregar la carta, Recursos Humanos pasó por las oficinas a decirle al personal que se fuera y que no volviera después de Semana Santa, que cualquier cosa los llamaban», relató la fuente, que prefiere resguardar su identidad por temor a represalias del Gobierno.
El 17 de marzo, la Policía Nacional Anticorrupción solicitó al Ministerio Público (MP) procesar judicialmente a un grupo de ciudadanos que ejercían funciones en el poder público y que podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos. Un día antes, el jueves 16, los trabajadores de Sunacrip fueron desalojados del edificio por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sin saber las razones.
La Policía Anticorrupción explicó en un comunicado que inició ante la Fiscalía una solicitud de encausamiento judicial de una serie de individuos que «violando el sagrado juramento de honestidad, moral y ética que realizaron para asumir las responsabilidades asignadas, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».
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