Un verdadero arsenal de pruebas pone a la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, contra las cuerdas. El expediente estaba arrumado, guardando polvo, envuelto en bolsas plásticas negras, en el antiguo edificio del DAS, en el centro de Bogotá. Allí reposan horas de interceptaciones telefónicas, correos electrónicos, informes de inteligencia, reportes de operaciones, estudios de transacciones bancarias, negocios en Venezuela con empresas plenamente identificadas, pruebas de tiquetes y viajes, documentos de carácter político y hasta delicadas comunicaciones a través de radioperadores con los máximos jefes de las Farc.
Se trata de un nuevo capítulo que fue reconstruido por la Corte Suprema de Justicia. Durante meses, los investigadores se dieron a la tarea de rastrear y recuperar información de alto valor que se encontraba “refundida” en diferentes despachos judiciales y que apunta directamente contra la senadora Córdoba y su estrecha relación con las Farc, que ella creía era un capítulo superado luego de la anulación del fallo disciplinario que la había sacado de la política y la nula idoneidad probatoria del contenido del computador de Raúl Reyes.
SEMANA revela en exclusiva todas las evidencias hasta ahora desconocidas que para la Corte Suprema dejan al descubierto que la relación de Córdoba con los entonces terroristas de las Farc no solo era un hecho sino un delito, pues no mediaba autorización del Gobierno. Además, hay pruebas de millonarios y silenciosos negocios de la senadora en Venezuela y en Ecuador e interceptaciones telefónicas en las que habla a viva voz de delicados asuntos.
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