Un juez federal en Miami otorgó $153 millones como indemnización a la familia de un abogado venezolano exiliado que regresó a casa tras la detención de su padre sólo para terminar encarcelado dos años por cargos de trabajar como un “terrorista financiero” para socavar al gobierno de Nicolás Maduro.
POR JOSHUA GOODMAN | ASSOCIATED PRESS
Carlos Marrón presentó la demanda después de huir de Venezuela y de describir a The Associated Press las golpizas, asfixias y otros abusos que afirma haber sufrido cuando estuvo encarcelado.
Su calvario provocó una dura reprimenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que determinó que había sido detenido arbitrariamente por presuntamente operar un sitio web que publicaba el tipo de cambio del mercado negro entre el bolívar venezolano y el dólar estadounidense, algo que el gobierno venezolano considera un delito. El fallo emitido el lunes es el segundo de su tipo en los últimos meses contra el gobierno de Maduro por sus presuntos lazos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia bajo una ley federal estadounidense que permite que víctimas estadounidenses de grupos terroristas extranjeros embarguen los activos de sus victimarios. En septiembre, otro juez federal otorgó $73 millones a la familia de un prominente opositor de Maduro que murió después de caer del 10mo piso de un edificio perteneciente a los servicios de inteligencia de Venezuela.
Tal como en el caso previo, Marrón acusó a Maduro en su demanda de dirigir el “cártel de los Soles”, un presunto cártel de narcotráfico que involucra a altos funcionarios venezolanos y guerrilleros de las FARC —clasificadas como un grupo terrorista por la ley estadounidense— que presuntamente envía 200 toneladas de cocaína de Venezuela a Estados Unidos cada año. El juez Federico Moreno emitió un fallo en ausencia contra Maduro y otras cinco personas —incluido su fiscal general Tarek William Saab y el expresidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno— por no responder a la demanda. En él, Moreno escribió que los funcionarios eran responsables del encarcelamiento ilegal de Marrón porque intentaban cerrar su empresa en Florida, a la cual consideraban una amenaza para una “organización criminal” basada en narcotráfico, actos de terrorismo y violaciones a los derechos humanos.
“Los acusados intercambian drogas por efectivo. El efectivo permite que los acusados se mantengan en el poder en Venezuela. Los acusados aprovechan ese poder para secuestrar y torturar a disidentes” como Marrón, escribió Moreno en un fallo de 13 páginas que beneficia a Marrón y su familia.
La unidad de contrainteligencia militar venezolana arrestó sin una orden judicial a Marrón, de 45 años, en abril de 2018 a su llegada al aeropuerto internacional de Caracas. Se había visto obligado a viajar a Venezuela desde Miami —su hogar durante la década previa— al enterarse que su padre había sido detenido por funcionarios estatales. Fue una trampa elaborada para castigar a Marrón por un dominio web, dolarpro.com, que había comprado años antes como un posible negocio, pero que dice que nunca desarrolló. Bajo la dirección de un amigo, comenzó a publicar noticias e información sobre el tipo de cambio en el mercado negro del país, que variaba mucho de las cifras oficiales. El fiscal general Saab comparó las acciones de Marrón con un “asesinato en masa”.
“Quizá está buscando destruir a más de 30 millones de venezolanos”, expresó Saab en un discurso televisado a nivel nacional en el que anunciaba su arresto. Un decreto presidencial de 2010 ilegalizó la publicación de cualquier tipo de cambio salvo el oficial, y las autoridades con frecuencia acusan a “especuladores” de propagar información falsa, de avivar la inflación y de alimentar un colapso del bolívar, considerándolos actos de sabotaje económico contra Maduro. Sin embargo, los críticos señalan que la gran disparidad entre los dos tipos de cambio es un medio para el soborno por parte de miembros del gobierno. Marrón se negó a comentar sobre el juicio y de momento no hubo respuesta del gobierno de Maduro.
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