Las protestas en Perú contra la presidenta Dina Boluarte, sucesora del destituido Pedro Castillo, se reactivaron este miércoles, tras una interrupción por las fiestas de fin de año, con bloqueos de carreteras y manifestaciones en varias regiones.
El gobierno anticipó la semana pasada el reinicio desde este 4 de enero de las movilizaciones que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones.
Las manifestaciones se registraron en regiones donde el destituido Castillo, un maestro rural de izquierda, tiene amplio respaldo.
«Existen diez puntos de bloqueo, especialmente en Puno», (sureste), dijo a periodistas el jefe del gabinete de ministros, Alberto Otárola, tras la instalación en Lima de un centro de monitoreo y control de crisis.
En Arequipa (sur), la policía intentaba desbloquear vías utilizando gases lacrimógenos para dispersar a decenas de manifestantes.
Los manifestantes también bloquearon rutas con piedras y neumáticos en llamas en las regiones de Junín (centro), Cusco y Apurímac (sureste), según reportes de prensa.
En Puerto Maldonado, región amazónica de Madre de Dios (sureste), manifestantes bloquearon un tramo de la vía Interoceánica, que une Perú y Brasil.
«Los aeropuertos están funcionando normalmente», precisó Otárola.
Sin trenes a Machu Picchu
Como prevención, el tren entre Cusco y la ciudadela inca de Machu Picchu, joya del turismo de Perú, se suspendió indefinidamente desde el miércoles para garantizar la seguridad de los turistas, informó la empresa que administra el servicio.
Unos 2.000 turistas extranjeros y nacionales fueron evacuados voluntariamente desde Machu Picchu a Cusco para evitar eventuales problemas, detalló la policía.
Sin embargo, los que prefirieron quedarse pudieron entrar a la ciudadela, informó el Ministerio de Cultura.
«Hemos implementado procedimientos para la evacuación inmediata, de ser necesario, hacia zonas seguras para la protección de turistas», señaló el ministerio en Twitter.
En las protestas de fines de 2022, miles de visitantes quedaron varados en Machu Picchu y en el Cusco, ante la interrupción de la vía férrea y el cierre del aeropuerto, tras una tentativa de toma por parte de los manifestantes.
En su calidad de vicepresidenta, Boluarte sustituyó a Castillo, quien el 7 de diciembre de 2022 intentó sin éxito dar un golpe de Estado. Fue destituido por el Congreso y luego detenido acusado de rebelión.
Tras la caída de Castillo se desataron violentas protestas en el centro y sur del país, donde el exgobernante tiene más adeptos.
Policías y militares repelieron las manifestaciones con un saldo de 22 fallecidos y más de 600 heridos, varios de ellos baleados.
El gobierno ha prometido una investigación para determinar responsabilidades, en medio de críticas por un presunto uso excesivo de la fuerza.
Llamado a la calma
Las manifestaciones menguaron por unas dos semanas, pero gremios y organizaciones indígenas y campesinas las retomaron este miércoles.
Los edificios públicos y aeropuertos en las regiones donde se anunciaron protestas amanecieron vigilados por policías y militares, estos últimos autorizados a intervenir tras la declaratoria de un estado de emergencia a mediados de diciembre.
«Queremos que se cierre el Congreso y que haya pronta solución (…) No queremos más muertes, queremos tranquilidad», dijo a la AFP Rita Suaña, pobladora de la isla los Uros en Puno, fronteriza con Bolivia.
Desde Lima, Boluarte pidió el cese de la violencia, advirtiendo que genera «retraso, dolor, pérdidas económicas».
«Llamo a la paz, a la calma, a la unidad para impulsar el desarrollo de la patria», afirmó.
En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024.
Pero Milan Knezvich, presidente del Frente de Lucha de la ciudad de Abancay, en Apurímac, aseguró que las protestas continuarán.
«Nadie va a querer dialogar con ella. Mientras la señora Dina Boluarte no renuncie esto va a seguir», dijo a radio Exitosa.
En el Centro de Lima, decenas de ciudadanos llegaron hasta la Plaza 2 de Mayo, lugar donde habitualmente se reúnen los gremios de trabajadores.
Del lado contrario, el martes, integrantes de colectivos sociales, políticos y religiosos también marcharon en varias regiones del Perú contra la anunciada reactivación de las protestas.
La denominada «Marcha por La Paz, Violencia Nunca Más», promovida principalmente por movimientos de derecha y centro-derecha del país, congregó a cientos de ciudadanos.
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