Tres curazoleños que vinieron a Venezuela con el propósito de “cazar talentos” para una petrolera israelí pasaron más de once meses privados de libertad, imputados por tráfico de personas y otros delitos.
André Ryan Snijders (39 años), Sergei Paulus Ramphis (57) e Isidro Anacario da Costa (60) viajaron a finales de 2021 con la misión de captar a 157 técnicos y obreros especializados en distintas tareas de la industria petrolera. Lo hacían como agentes tercerizados de una firma israelí Dick & Doof.
Según el abogado José Amalio Graterol, todo el proceso de reclutamiento se llevó a cabo en el estado Falcón. Ramphis y Da Costa fueron los primeros aprehendidos. Un acta de la Guardia Nacional indica que, en la madrugada del 3 de diciembre de 2021, efectivos militares emplazados en un puesto de Boca de Aroa, sospecharon de cuatro hombres que iban en un Hyundai Senda azul, en dirección a Valencia.
El auto era manejado por Henri Gotopo, quien llevaba de copiloto a su hijo, Hender. Durante la inspección, los guardias hallaron 157 pasaportes. De ellos, 154 pertenecientes a venezolanos, y los demás a españoles y un peruano. Eso fue suficiente para que dos días después los buscadores de talentos, así como el conductor y su hijo, fuesen imputados por un fiscal de Falcón como si integrasen alguna red internacional de delito organizado.
Graterol indicó que los militares y el funcionario del Ministerio Público no tomaron en consideración que junto a los pasaportes estaban actas notariadas, en las que sus respectivos titulares dejaban constancia de que los entregaban a los curazoleños.
“Ellos iban a Caracas para llevar los pasaportes a Miami, donde les tramitarían las visas israelíes”, explicó el litigante.
Prisión en el Saime
Luego de la presentación en un juzgado de Tucacas, los curazoleños fueron llevados a una celda en la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), ubicada en la avenida Baralt.
Posteriormente, el 19 de diciembre de 2021, el fiscal falconiano Rolando Rojas Cumare solicitó la captura de Snijders, por “tráfico ilegal de personas en grado de frustración”. Este curazoleño, de 39 años de edad, se encontraba en Caracas, tratando de liberar a sus compañeros de trabajo. En virtud de ello, también le imputaron usurpación de funciones.
Snijders fue privado de libertad, pero quedó en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Según actas del expediente, la notificación formal sobre la detención de los extranjeros fue enviada al consulado de los Países Bajos luego de una solicitud expresa formulada por los defensores, en abril de este año. A partir de entonces, los representantes diplomáticos de la embajada holandesa intentaron involucrarse en el proceso.
En mayo pasado, el tribunal primero de control de Falcón, con sede en Tucacas, declaró con lugar las excepciones planteadas por los defensores privados, y dictaminó que la acusación por tráfico de personas, asociación para delinquir y usurpación de funciones era “infundada”. La causa contra Snijders fue sobreseída y se ordenó su inmediata libertad. Aún así, pasaría otros siete meses tras las rejas.
El expediente pasó a una corte de apelaciones de Falcón, y allí quedó paralizado hasta el 15 de junio, cuando la presidenta de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Elsa Gómez Moreno, se avocó de oficio a este caso, y en la misma sentencia envió los recaudos de Snijders y sus compañeros de labores a un tribunal de Caracas, “con el propósito de velar por una correcta administración de justicia”.
El viernes 2 de diciembre, los tres curazoleños fueron trasladados al aeropuerto de Maiquetía. Iban acompañados por Graterol. Allí tomarían un vuelo de Copa a Panamá, y luego otro a Willemstad. Terminaba así un calvario que había comenzado como una simple misión de negocios.
“Ninguno de ellos piensa volver a Venezuela”, afirmó el abogado.
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