El Gobierno de Pedro Castillo ha solicitado a la Organización de Estados Americanos (OEA) que active los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana frente a la grave crisis política que sacude al Perú tras ser denunciado constitucionalmente por la Fiscal de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Por Infobae
En una carta enviada a Luis Almagro, secretario general de la OEA, se indica que “la intención de recurrir a dichos dispositivos se debe y el legítimo ejercicio del poder, teniendo en cuenta que en los últimos meses vienen ocurriendo en el Perú una sucesión de hechos y situaciones, por parte del Poder Legislativo, Ministerio Público y de otros órganos constitucionales, que en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales y las normas que regulan la separación de poderes propia del Estado de Derecho, han configurado un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática del Perú, promoviendo las modalidades de golpe de Estado, cuya desactivación y control inspiraron la redacción de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana como mecanismo preventivo para la defensa de la Democracia y evitar una ruptura constitucional”.
Como se recuerda, Castillo fue denunciado por la Fiscalía de ser el presunto jefe de una organización criminal “enquistada” en el Estado por los casos Puente Tarata y Petroperú.
En un primer caso, el mandatario peruano habría usado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para obtener un soborno de 58 millones de dólares a cambio de beneficiar con la obra a un empresario que aportó en su campaña electoral. Para este propósito, Castillo se habría confabulado con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y el hoy exministro Juan Silva, según la Fiscalía.
En el segundo asunto, el otrora profesor rural habría designado a Hugo Chávez Arévalo como gerente general de la estatal Petroperú con el fin de que pueda decidir sobre las contrataciones millonarias. Una de ellas fue el favorecimiento por 47 millones de dólares a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) por 280.000 barriles de biodiesel. La operación se hizo realidad cuando el dueño de la citada compañía, Samir Abudayeh, tuvo una reunión con Castillo en Palacio de Gobierno.
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