Bolivia realizará por primera vez una encuesta nacional que se efectuará de forma virtual para conocer las necesidades y las condiciones de vida de la población de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales (LGBTI) en el país.
Se trata de una iniciativa de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el apoyo de las Naciones Unidas y unas 40 organizaciones de personas con diversa orientación sexual para construir esta primera encuesta.
«Queremos contar con información de la población LGBTI que le permita al Estado implementar acciones, políticas y estrategias que garanticen su reconocimiento y protección en diferentes ámbitos», expresó la defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz.
La construcción de esta encuesta ya se encuentra en la segunda fase de cuatro, y ya se ha recabado la información y se habló con las distintas organizaciones.
Ahora inicia un «proceso de diálogo» con los Gobiernos departamentales y municipales y organizaciones sociales, entre otras entidades, en las nueve ciudades capitales del país, para que conozcan sobre la iniciativa y se realizará un «mapeo de líderes» locales.
Este proceso comienza este martes y se extenderá hasta el 1 de agosto, comentó Cruz.
La tercera fase consistirá en la participación de la población LGBTI del país llenando la encuesta, que estará disponible desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre en la página web de la Defensoría del Pueblo.
Cruz sostuvo que podrán participar en la encuesta las personas de diversa orientación sexual mayores de 18 años y con residencia en el país.
«Servirá como una respuesta ante largos años de invisibilización, largo años de olvido por parte del Estado y será la mejor forma de afrontar la discriminación, la impunidad y el odio», sostuvo la funcionaria.
ENFÁSIS EN LOS DERECHOS
Esta primera encuesta tiene la finalidad de conocer cuántas personas de diversa orientación sexual hay en el país, pero con énfasis en su situación y la vulneración de sus derechos.
Por ello, incluirá preguntas sobre el acceso al empleo, a la salud y a la educación.
Además tendrá consultas relacionadas con la discriminación, la autoidentificación, el acceso a una vivienda, o si en los últimos meses la persona vivió algún acto de violencia por su identidad de género, entre otros.
«Los datos estadísticos van a servir para reflejar las necesidades de nuestra población, para ver cómo se van a asignar los recursos, al acceso al trabajo, la educación, vivienda y muchos otros derechos que el resto de la población tiene», manifestó a Efe la representante de la Organización de Travestis, Transexuales, Transgénero Femeninas de Bolivia (Otraf), Laura Álvarez.
Acotó que este primer acercamiento va a «develar» las distintas dificultades que tiene esta población en el acceso de varios servicios y la vulneración de sus derechos.
En la cuarta fase, que será entre noviembre y diciembre, se analizarán los resultados para luego «construir la agenda pública» de las diversidades sexuales, comentó Cruz.
«Creemos que vamos por un buen camino hacia el vivir bien, con las diversidades incluidas», sostuvo la defensora.
Un comunicado de la Defensoría del Pueblo realizado en junio pasado indica que entre 2021 y 2022 esa entidad registró 77 denuncias de personas con diversa orientación e identidad de género por la vulneración de sus derechos.
La mayor cantidad de denuncias se registraron en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, seguidos por Cochabamba.
El derecho a la garantía de un debido proceso, el acceso a la Justicia y el derecho a la igualdad y a la no discriminación son las situaciones más denunciadas, según información compartida por la Defensoría. EFE.
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