El régimen cubano ha cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos en respuesta a las protestas masivas de julio de 2021 con el aparente objetivo de castigar a los manifestantes y disuadir futuras protestas, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy, en el aniversario de las manifestaciones.
El informe de 37 páginas, “Prisión o exilio: Represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba”, documenta un gran número de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas, incluyendo detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos y tortura. La represión de la dictadura y su falta de interés por abordar las causas subyacentes que llevaron a los cubanos a las calles, incluyendo el acceso limitado a alimentos y medicamentos, han generado una crisis de derechos humanos que ha causado un aumento drástico en el número de personas que huyen del país.
“Hace un año, miles de cubanos y cubanas protestaron exigiendo derechos y libertades, pero a muchos de ellos el régimen solo les dio dos opciones: la prisión o el exilio”, dijo Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos de América Latina y Europa deben aumentar urgentemente su escrutinio sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba y priorizar una respuesta coordinada y multilateral antes de que esta crisis se agrave”.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles en las manifestaciones más multitudinarias contra el gobierno a nivel nacional desde la revolución de 1959. Estas protestas, abrumadoramente pacíficas, surgieron en reacción a las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de COVID-19.
Human Rights Watch entrevistó a más de 170 personas ubicadas en Cuba, incluyendo víctimas de abusos, sus familiares y abogados. HRW también revisó documentos judiciales y corroboró fotografías y videos enviados directamente a los investigadores o publicados en redes sociales. Miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura (IRCT), una organización internacional integrada por reconocidos expertos forenses, emitieron dictámenes periciales sobre algunas evidencias de abusos.
Poco después del inicio de las manifestaciones, el dictador Miguel Díaz-Canel instó a los simpatizantes del gobierno y a las fuerzas de seguridad a responder a las protestas con violencia. “Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la Revolución”, manifestó. “La orden de combate está dada”.
Diubis Laurencio Tejeda, un cantante de 36 años, murió durante las manifestaciones, al parecer como resultado del accionar de la policía. La organización cubana de derechos humanos Cubalex reporta que más de 1.400 personas fueron detenidas, incluyendo más de 700 que siguen privadas de la libertad. Los funcionarios de las fuerzas de represión estatales detuvieron de forma reiterada a personas que protestaban de manera pacífica, arrestaron a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones o les prohibieron salir de sus casas durante días o semanas.
En la mayoría de los casos documentados, los detenidos permanecieron incomunicados durante días, semanas y a veces meses, sin poder hacer llamadas telefónicas ni recibir visitas de sus familiares o abogados. Algunos fueron golpeados, obligados a hacer sentadillas desnudos o sometidos a maltratos, incluyendo privaciones del sueño y otros abusos, que en algunos casos constituyen tortura.
Los tribunales cubanos han ratificado las sentencias en contra de más de 380 manifestantes y transeúntes, incluyendo varios niños y niñas. Muchos juicios tuvieron lugar en tribunales militares, en violación el derecho internacional. Numerosos manifestantes fueron procesados por “sedición” y condenados a penas de prisión desproporcionadas de hasta 25 años por su presunta participación en incidentes violentos, tales como arrojar piedras durante las protestas.
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